Opinión | La lucha contra el olvido

Andreu Mayayo

Catedrático de Historia Contemporánea de la UB. Director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals - UB

Andreu Mayayo

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Del 20-N (dictadura) al 8 de mayo (derrota nazi-fascista)

La nueva ley de memoria histórica del Gobierno del PSOE y UP recoge el espíritu de la anterior pero la letra es más ambiciosa y menos ambigua

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El 20 de noviembre (aniversario de la muerte de Franco) del 2002 publiqué en este diario (alentado por Luis Mauri) mi peripecia como historiador para acceder al archivo de la Fundación Francisco Franco, que acabó con denuncia a la ministra de Cultura, que la subvencionaba generosamente. Todo parece que con la nueva ley, que extingue las fundaciones y asociaciones que hagan apología del franquismo, la documentación del jefe de Estado del 1936 al 1975 pueda ser depositada en el Archivo General de la Administración y de acceso público.

La ley impulsada por Zapatero en el 2007, conocida como ley de memoria histórica, fue ninguneada y castrada presupuestariamente por Mariano Rajoy, el cual se vanagloriaba de haberle adjudicado 0 euros cada año. Lo mismo podríamos afirmar del Gobierno de Artur Mas respecto al Memorial Democràtic. La nueva ley del Gobierno del PSOE y UP recoge el espíritu de la anterior pero la letra es más ambiciosa y menos ambigua, no tan solo para reparar moralmente a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura sino para fomentar el conocimiento y la difusión de los hilos, personales y colectivos, que tejieron nuestra cultura democrática y defendieron nuestra libertades y derechos individuales (así como de las “nacionalidades y regiones”) plasmados en nuestra Constitución.  

La ley establece sin tapujos la incompatibilidad absoluta de la democracia española con el golpe de Estado de 1936 (el llamado “Glorioso Alzamiento Nacional” y “Cruzada”) y la dictadura hasta la aprobación de la Constitución que, recordemos, derogaba las leyes franquistas enumerando las famosas leyes fundamentales del movimiento (ley para la reforma política, incluida).  

No se trata tan solo de reparar a las víctimas y denunciar a los colaboracionistas sino de reconocer a la llamada “mayoría silenciosa” -a los indiferentes (en acertada expresión de Alberto Moravia utilizada para titular su primera novela en 1929)- que con su actitud permiten la dictadura.   

La ley declara el 8 de mayo, el día que se celebra en Europa la victoria sobre el nazi-fascismo, como día del recuerdo y del homenaje a los exiliados republicanos, muchos de los cuales contribuyeron a su derrota y algunos miles sufrieron el internamiento y la muerte en los campos de concentración y exterminio. Una celebración que nos liga de manera merecida a la memoria democrática europea.

La ley nos aproxima a la legislación alemana, una de las mejores y que ha permitido romper con el perjuicio de la incompatibilidad de los alemanes con la democracia implementando unas políticas públicas de memoria democrática que han permitido dejar atrás la Alemania de los años 30 y encontrar la vacuna ante los nuevos brotes de la ultraderecha. Merece la pena recordar como hace pocos meses, en las elecciones de Turingia, la democratacristiana Angela Merkel fulminó al dirigente de su partido que aceptó los votos de la ultraderecha para gobernar. Espero y deseo que la nueva ley pueda ayudar a Pablo Casado a emular a la dirigente de su familia política europea.