Una cuestión de poder

A la jueza de la Corte Suprema de EEUU Ruth Bader Ginsburg le preguntaron durante una charla en la Universidad de Georgetown: “¿Cuándo habrá suficientes mujeres en el Tribunal Supremo?”. Ella contestó: “Cuando sean nueve. La gente se sorprende pero hasta ahora ha habido nueve hombres y nadie lo ha cuestionado nunca”.

Aquí y allá una barrera muy visible para las mujeres juezas es el sesgo de género en el acceso a la cúpula judicial. Esta la esculpe el Consejo General del Poder Judicial -órgano de gobierno de la judicatura- a través de una de las importantes funciones que tiene atribuidas: la designación de los altos cargos de la carrera judicial. Me refiero a los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de justicia, de la Audiencia Nacional y los magistrados del Tribunal Supremo.

Anomalía democrática

Incluso la ONU advirtió esta anomalía democrática de la judicatura española el 17 de junio del 2015 en su 'Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujeres en la legislación y en la práctica en España'. con el que recomendó a nuestro Estado la aplicación de medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la Administración Pública, en particular en los niveles más altos de la judicatura y en el Servicio Exterior.

Este año, aunque menos, la presencia de mujeres seguirá siendo testimonial. Una pandemia -la de la desigualdad- sobre otra pandemia -la sanitaria- escenificadas en una sola imagen. Las mascarillas la salpicarán y es probable que se prescinda de las togas. Pero por fin veremos no una, sino dos mujeres. Ahí estará Susana Polo, magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo e integrante de su sala de gobierno desde que fuera elegida en noviembre del 2019. El alto tribunal, en sus 208 años de existencia, tendrá en el 2020 una presidenta de sala (Lourdes Arastey o María Luisa Segoviano) y también estará en la foto.

Como dijo el martes pasado la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez en el Congreso de los Estados Unidos, “el problema es que no es solo un incidente, es cultural con una estructura entera de poder que lo respalda”. Aquí hemos avanzado pero cada año la foto de apertura del año judicial certifica la falta de impulso institucional de los liderazgos de mujeres. Trece magistrados hombres junto al Rey poco o nada representan al 53,2 % de mujeres que también formamos parte de la carrera judicial. Solo dos de las 17 presidencias de tribunales superiores de justicia están ocupadas por mujeres y solo hay 10 presidentas de audiencias provinciales frente a 39 presidentes hombres. En el Tribunal Supremo hay 16 mujeres, y 64 hombres.

Las mujeres juezas no contamos con apoyos familiares o sociales en las esferas donde actuamos, somos cuidadoras como la mayoría de mujeres y los mandatos de género también dificultan nuestros proyectos vitales. La estructura de poder y el propio concepto de poder está fuertemente masculinizado como lo certifica el segundo Plan de Igualdad de la Carrera Judicial aprobado por el propio Consejo a principios de este año.

La falta de mujeres en los órganos judiciales de referencia impide nuestro liderazgo y silencia nuestras voces jurídicas en la toma de decisiones que pueden llegar a tener un gran impacto en la vida de las personas. Pero también tiene un coste social.

Necesitamos más mujeres juezas en cargos de liderazgo judicial porque es una cuestión de democracia, representatividad y aprovechamiento del talento, además de una necesidad de las sociedades modernas en las que la diversidad social requiere también diversidad en la composición de los órganos de decisión para lograr soluciones mejores por estar desprovistas de mitos y prejuicios de género. También fortalece la independencia judicial como afirman los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). El último, publicado el 13 de noviembre del 2019, puso de nuevo en entredicho la política del Consejo General del Poder Judicial en el nombramiento, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pongan en duda la independencia, la imparcialidad y la transparencia de este proceso.

Además, que haya más mujeres en los puestos de designación discrecional contribuye a desafiar el estereotipo social de que esos puestos solo pueden ser ocupados por hombres a la vez que genera estímulos para que muchas mujeres se vean capaces de ocuparlos, creándose referentes para las futuras generaciones de mujeres.