Rotterdam, capital

"Todos los escritores son del país del Exilio", dijo el otro día Ahmed Aboutaleb, alcalde de ascendencia bereber de la ciudad de Rotterdam, en la apertura de la asamblea de la red ICORN de ciudades refugio. En la sala había poetas como Fatemeh Ekthesari, que no puede volver a su casa en Irán y con quien compartí una lectura hace un año en Palma. También, escritores de un país que se quiere europeo, Turquía, donde el gobierno utiliza funcionarios públicos para investigar a novelistas incómodas como Elif Shafak. Amén de haber encarcelado y dirigido hacia el exilio a periodistas como Can Dunder, quien recientemente explicaba a Vicent Partal cómo el hecho de escribir le salvó la vida en prisión (eso y el recuerdo de Cervantes, no se pierdan la entrevista). El PEN Catalán forma parte de ICORN desde 2006, y actualmente ha acogido en Barcelona al periodista hondureño Milthon Robles.

Hace poco un reconocido escritor y periodista barcelonés se burlaba en un medio digital del trabajo del PEN, como otros lo hacen de Amnistía Internacional, de Open Arms o, estos días, de Naciones Unidas. Yo, qué quieren que les diga, sigo al sector humilde y terco de los que creen que el papel de estas organizaciones es capital. De la misma manera que Rotterdam no es la capital de Holanda pero es una ciudad clave para Holanda, la libertad de expresión y el respeto de los derechos no son en sí literatura, pero son claves para la literatura.

En Irán, en Turquía, en Holanda o en España, a muchos no nos preocupa el exilio de un rapero o el encarcelamiento de escritores y dirigentes de la sociedad civil porque compartimos sus ideas o el gusto por el rap: nos preocupan porque cuestionan la esencia de la democracia, que tiene que ver con el respeto a la diferencia y con la libertad de expresión. Aquí existe, desde 1922, uno de los núcleos fundamentales de la actividad del PEN en todo el mundo, y eso es lo que debería preocupar -lo único que debería preocuparnos- en el país de Cervantes y de Mercè Rodoreda tanto a los militantes del legalismo estatal (que además en este caso tienen todos los resortes del poder) como a los del procesismo irredento.