La ciudadanía invisible

La relación entre lo visible y las políticas sociales opera en una doble dirección. Por un lado, ante el consumo de drogas o la delincuencia tendemos a visibilizar situaciones que no siempre son representativas y, a la inversa, determinadas situaciones parecen invisibles a pesar de representar una auténtica vulneración de derechos.

Las dificultades de muchas personas para hacer efectivo el derecho al padrón es uno de esos casos especialmente grave al tratarse de la principal puerta de acceso a otros derechos de ciudadanía en el ámbito social, de la salud y de la educación. Las entidades sociales conocemos el fenómeno y constatamos que negar el derecho al padrón sitúa a la persona en un escenario de vulnerabilidad extrema, anulando casi por completo sus posibilidades de promoción social.

Derecho a ser empadronado

La ley garantiza el derecho de cualquier persona a ser empadronada y, de hecho, obliga tanto a la persona como a los municipios a empadronar a todo aquel que pueda dar referencias de su lugar de residencia habitual, aunque dicho lugar sea un parque. La aplicación, sin embargo, es muy dispar y la ley se incumple en muchas ciudades. Desde el punto de vista del derecho es injustificable que la respuesta no sea homogénea, y la irregularidad generar una gran confusión.

De entrada habría que establecer mecanismos para informar a la ciudadanía sobre los trámites a realizar, e incluso efectuar campañas de sensibilización sobre la obligatoriedad de inscribirse en el padrón. En tanto que registro administrativo, su finalidad es proporcionar datos ajustados a la realidad sobre la población y los ayuntamientos están obligados a mantenerlos actualizados como herramienta para el Instituto Nacional de Estadística. La voluntad política debe ser firme y consecuente con la necesidad de que las políticas públicas respondan lo mejor posible a la realidad local.

En segundo lugar, hay que ampliar la mirada respecto al empadronamiento sin domicilio fijo para que no se restrinja a las personas sin hogar y se haga extensivo a cualquier otra situación de vivienda insegura, como por ejemplo las habitaciones realquiladas. En esos casos las formas de acreditar el domicilio deben ser flexibles y facilitar al máximo la documentación requerida, aceptando no solo informes de servicios sociales sino también de entidades que conozcan y sigan el caso. Además, la persona ha de poder escoger la dirección donde se empadrona, ya sea una institución pública, una entidad social o cualquier otro domicilio que facilite la recepción de notificaciones. Poner la persona en el centro significa darle voz y respetarla.

Precariedad agravada

A las puertas de las elecciones municipales se acumulan los temas relacionadas de forma más o menos directa con la vivienda. Personas sin hogar, viviendas inseguras, hacinamiento, recursos de acogida, pisos de emergencia, infravivienda… El panorama de ciudadanos que no disponen de un espacio propio es numeroso y diverso, y la precariedad a la que se ven abocados se agrava si además de vulnerar su derecho a la vivienda, se vulnera también su derecho al padrón.