Irlanda y las tecnologías ¿Hasta cuándo?

Hace pocos días, el Gobierno aprobaba los impuestos sobre transacciones financieras y servicios digitales, más conocidos como tasas Tobin y Google. Pese a que en diversos países europeos llevan años hablando de las mismas, el nuestro ha sido el primer Ejecutivo que ha decidido su implementación. Las reacciones no se han hecho esperar, especialmente desde el sector tecnológico.

La 'tasa Google' es la respuesta a la imposibilidad por gravar los enormes beneficios de las multinacionales tecnológicas que, por sus características, pueden ubicarse fácilmente donde les resulte más cómodo eludir impuestos.

Ante ello, la única vía para que tributen reside en fiscalizar su actividad y no sus resultados. No es la alternativa más ortodoxa, pero es a la que conduce el desigual marco fiscal europeo, y el uso interesado que del mismo hacen las propias multinacionales. No es casualidad que muchas de ellas se domicilien en Irlanda.

El airado rechazo del sector se ha articulado a través de dos argumentaciones. La primera, el asegurar que el coste impositivo no afectará a los beneficios de las compañías, sino que acabará recayendo en los usuarios de sus servicios. La segunda, el denunciar la insensatez de un impuesto que no tiene sentido alguno a nivel nacional dado que, como mínimo, debería ser de ámbito comunitario. No dudo de que ambas afirmaciones son acertadas, pero sus argumentaciones son paradigmáticas de graves carencias de la Unión Europea y, también, del cinismo con que operan determinadas grandes compañías tecnológicas o, incluso y más preocupante, algunos Estados miembros de la Unión.

Señalar que el gravamen repercutirá directamente sobre los usuarios, no es muestra de una preocupación por los mismos, sino manifestación de una actitud altiva y de un mal funcionamiento del mercado. La arrogancia de quien viene a decir: "hagan lo que quieran, que no nos afecta, perjudicará al débil". Y las disfunciones de un mercado con escasa o nula competencia, capaz de repercutir directamente en el usuario un nuevo y ajustado impuesto que, además, se aplica a compañías con grandes beneficios.

Por lo que a la escala se refiere, evidentemente este gravamen, igual que otros, debería ser de ámbito europeo. Pero a nadie se le oculta que las mismas compañías que denuncian esta carencia, harán lo imposible para que se perpetúe la situación actual. Y lo tienen muy sencillo, pues la implementación de un nuevo impuesto común exige la unanimidad de los estados miembros de la Unión, e Irlanda vive, en buena parte, de albergar compañías como Google, a las que otorga una fiscalidad excepcionalmente baja. Además, Irlanda no se encuentra nunca sola, siempre aparece algún estado que, por una u otra razón, se muestra dispuesto a acompañarla.

En estas circunstancias, por primera vez se han oído voces en Davos a favor de una fiscalidad más justa y eficiente en la Unión. Es un primer paso. El segundo, no puede esperar. Mejor o peor, el Gobierno español lo ha dado. Mi reconocimiento.