Prueba de fuego para el Govern de Catalunya

Acabamos de leer en los medios de comunicación un asunto que pondrá en evidencia las reglas de juego por las que se rige la Generalitat de Catalunya en un plano obligacional y de derecho. Me refiero al anuncio del Gobierno catalán asegurando que descarta indemnizar a Acciona por la resolución anticipada del contrato de ATLL y que le reclama, además, 38 millones de euros. Suscrito el año 2012, y ganado mediante concurso, la empresa satisfizo 300 millones de euros en el momento de su firma y el Tribunal Supremo, a principios de año, ha declarado nulo el concurso. La anulación es ajena a la oferta y a la actuación del consorcio ganador del concurso, y obedece a la confusión generada por determinadas aclaraciones efectuadas por la Generalitat de Catalunya en el transcurso de la licitación sobre las condiciones del concurso. Esta sentencia conlleva la resolución del contrato y la Generalitat ha decidido gestionar públicamente el agua.

Como toda resolución contractual, cada parte debe cumplir con una serie de obligaciones y en este caso la Generalitat, según ATLL y avalado por un dictamen, debe satisfacer mil millones de euros. Entre los accionistas de ATLL aparece un fondo internacional importante, Pioneer y por ello cualquier resolución que decida la Generalitat puede tener repercusiones internacionales.

Internacionalizar

Desde hace tiempo el Govern y los partidos que lo integran, insisten en internacionalizar el proceso de independencia catalán acudiendo a foros diversos tanto en Europa como en América. A pesar de que su éxito es dudoso debido a la reticencia de los paises del entorno, sí que podemos afirmar hoy el “problema catalán” es mucho más conocido que hace poco tiempo y cualquier tema que se refiera a Catalunya es noticia internacional o puede llegar a serlo.

La pretensión del Govern, con su 'president' a la cabeza, es conseguir por cualquier medio la independencia. Hace solamente dos días le hemos visto en Ginebra hablando pestes del Gobierno español, calificándolo como antidemocrático.

La internacionalización de un conflicto posee sus ventajas, entre ellas la necesidad de defenderse por parte del Gobierno de España de todos los ataques que recibe. También, por el contrario, posee graves desventajas y es que el Govern se encuentra en el mapa y es objeto de todas las miradas, tanto las benévolas, como las críticas. Aquí y en el caso que nos ocupa, quizá el tema contractual más importante del Govern en este momento, todas las miradas de los intermediarios financieros se hallan centradas en la Generalitat. Examinan con detalle cualquier manifestación oficial o decisión que pueda tomar respecto de este tema del agua.

La estabilidad

Según la decisión que adopte el Govern, los observadores internacionales decidirán si este territorio europeo, el catalán, es respetuoso con las obligaciones contraídas. O por el contrario toma las decisiones solamente en función de sus propios intereses sin tener en cuenta la legitimidad de las pretensiones de las otras partes.

A las industrias y negocios que requieren grandes inversiones a largo plazo y rentabilidades que aparecen después de años de inversión y esfuerzo, por encima de todo, valoran la estabilidad de un determinado territorio. Desean que los diversos gobiernos integrados por gentes de variadas ideologías respeten los acuerdos, cumplan con sus obligaciones y prevalezca el respecto por el derecho y en consecuencia por la seguridad jurídica.

La inversión no especulativa huye de países donde el estado de derecho es desconocido o transitorio. Nuestro mundo es global y muchos países, grandes y pequeños, anhelan la llegada de capitales extranjeros que dinamicen sus economías a medio desarrollar. La oferta de países que desean inversión es inmensa y las industrias que siempre tienen en su punto de mira el largo plazo, se deciden por aquellos territorios donde el respeto por los acuerdos pactados es norma.

Los fondos de inversión y las grandes empresas observarán con interés el desenlace de la resolución contractual entre la Generalitat y ATLL y en función de su resultado decidirán si se trata de una comunidad en la que se puede confiar y por tanto invertir a largo plazo, o bien se trata de un gobierno oportunista que decide en función de sus intereses o de su capacidad de tesorería en un momento dado. Las interpretaciones interesadas y las argucias legales carecen de validez para justificar a los gobiernos.

Si algún día la Generalitat consiguiera la independencia, al día siguiente debería acudir a los mercados para financiarse y lo conseguirá o no, en función de su respecto por el Estado de derecho.