Puigdemont... continuará

La Justicia alemana ha descartado que los actos llevados a cabo por Carles Puigdemont como 'president' de la Generalitat durante el otoño del 2017 constituyan la violencia exigida por el delito de alta traición en Alemania, de rebelión en España. La resolución del tribunal alemán reconoce que quizá hubo violencia pero no lo suficientemente intensa como para conseguir objetivamente los fines previstos para la alta traición. Vamos, que quizá hubo intimidación pero esta no logró doblegar la voluntad de las instituciones constitucionales afectadas.

En esta línea, hace unos días, Jordi Nieva en Agenda Pública ya advertía de que considerar que había habido violencia, en el sentido penal alemán, supondría modificar el criterio jurisprudencial seguido hasta el momento por la Justicia alemana. Allí han optado por seguir la doctrina previa; en cambio, en España, el juez Pablo Llarena parece empeñado en cambiarla y dotar a la 'violencia' del delito de rebelión de un alcance que nunca ha tenido, como ha explicado recientemente Diego López Garrido.

Así pues, si finalmente Puigdemont es entregado a la Justicia española no podrá ser juzgado por rebelión. Sigue pendiente, sin embargo, que en Alemania decidan, en los próximos días, si se da la equivalencia de delitos, necesaria para la entrega, respecto de la malversación de fondos públicos (recordemos, con penas de prisión de 2 a 6 años y de inhabilitación de 6 a 10 años). Este delito reduce el riesgo de fuga del 'expresident', de ahí su puesta en libertad bajo fianza.

Aclaración relevante

Por último, merece la pena señalar que en la decisión de excarcelación, los jueces alemanes hacen una aclaración relevante para el debate político en Catalunya: no existen indicios de que Puigdemont fuera a ser perseguido políticamente en España en caso de ser extraditado y tampoco en Alemania se le está juzgando por sus ideas. Que cada cual saque sus conclusiones.

Este es el escenario judicial hoy respecto a Puigdemont. En cuanto a su situación política, dado que sigue fuera del país, no cabe su investidura (recuerden: sin presencia, no hay presidencia). Además, dado que la euroorden sigue vigente, de acuerdo con el Tribunal Constitucional y con la opinión de los letrados del Parlament, el 'expresident' no puede delegar su voto.

En el escenario político, está claro que esta decisión supone un balón de oxígeno a las posiciones independentistas más inmovilistas, que relegitiman su lucha continuada contra un Estado que supuestamente les oprime. Ahora bien, la reivindicación de la investidura de Puigdemont (por no hablar de una pretendida impunidad reconocida por Roger Torrent) no puede seguir marcando la agenda política catalana. De hecho, tampoco la reedición de la candidatura de Jordi Sánchez. La sociedad catalana, toda ella, se merece unas instituciones públicas capaces de sobreponerse a la situación procesal que atraviesan algunos líderes independentistas, apostar por una presidencia efectiva que levante el art. 155 CE y que nos permita reiniciarnos políticamente.