Agravios autonómicos
Juancho Dumall
Ha trabajado en las áreas de Política, Opinión y en la edición del fin de semana.
JUANCHO DUMALL
Se equivoca Mariano Rajoy si piensa que con anuncios de inversiones millonarias en Catalunya va a desactivar la espoleta del derecho a decidir. Se equivoca porque sus grandes promesas vienen seguidas de la dura realidad de los Presupuestos Generales del Estado para este año, en los que se demuestra que la inversión en Catalunya --y en casi todas las comunidades-- baja, lo cual demuestra que no estamos ante unas cuentas para después de la crisis, sino ante un parche en una economía todavía renqueante.
Se equivoca también porque no calculó el efecto que sus compromisos con Catalunya de la semana pasada iban a tener en el resto de comunidades, desde la que se vigila cualquier gesto que mire a Barcelona. Y se equivoca, en tercer lugar, porque a estas alturas del partido la pantalla de las compensaciones económicas está muy superada. Se lo ha dicho, en su estilo, el diputado de ERC Gabriel Rufián: "La voluntad del pueblo de Catalunya no se compra".
La mejor prueba de que el Estado de las autonomías está lejos del Estado federal la tenemos en que cada año, con los Presupuestos, se monta el guirigay de agravios entre las comunidades, dado el enorme poder discrecional del Gobierno central para orientar el gasto público.
EL INGREDIENTE CATALÁN
Y solo faltaba el ingrediente catalán para ligar la salsa de los lamentos. Un ejemplo lo tenemos en las declaraciones del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien no se limitó a denunciar el "maltrato" a su comunidad, sino que tuvo una poco diplomática referencia a Catalunya. "A mí me viene el presidente a repartir esa riada de millones y estoy en primera fila aplaudiendo con las orejas. A él ni le recibieron", dijo Revilla, para subrayar que a los "desleales" se les atiende "mejor".
La presidenta andaluza, Susana Díaz, habló de "ataque frontal" a su comunidad, mientras que las Corts Valencianas llaman a la movilización contra unos Presupuestos injustos. Conclusión: la política territorial, tan necesaria, no debe hacerse desde el Ministerio de Fomento, sino desde la presidencia del Gobierno. Los corredores ferroviarios son muy importantes, pero el pleito va de otra cosa.
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