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Al contrataque

Ana y Antonio

AFP / TONY KARUMBA

Ana y Antonio

Ana Pastor

Como ellos, otras 90 familias esperan que alguien desbloquee la situación de adopciones en países africanos

Ana y Antonio sueñan que aún es posible. Llevan muchos años esperando ese momento. El instante en el que, por fin, van a poder abrazar a su hijo. O a su hija. No saben cómo es su cara. No tiene nombre aún. Ni conocen su edad. Únicamente pueden imaginar su piel morena y los rizos de su pelo. Imaginan su sonrisa y dibujan en su mente cómo serán los días de su vida cotidiana cuando  lo tengan en casa.

 Ana Antonio siempre tuvieron claro que querían un hijo nacido en África. Siempre tuvieron claro que adoptar era una bella manera de cumplir sus sueños y comprometerse con un continente que aman. Hace ya más de cinco años que iniciaron los trámites para adoptar en Etiopía. Sabían que el camino sería largo y duro. Pero no imaginaron que cuando estuvieran tan cerca de conseguirlo todo se truncaría.

Me cuenta Ana que el camino legal habitual es a través de una empresa intermediaria homologada por la Xunta de Galicia, la comunidad en la que residen. Esa empresa debe ser controlada y auditada por el gobierno regional para que nadie intente sacar provecho de una situación tan delicada.  Por eso, Ana y Antonio no entienden que ahora Adiss Galicia (así se llama la empresa) les pida una cantidad enorme de dinero no prevista y que no saben a qué se va a destinar. «Nos han pedido 15.000 euros más». «De ellos», dice Ana, «7.000 son para la supervivencia de la propia empresa y los otros 8.000 euros los quieren en concepto de donativo sin especificar».

EL PRECIO DE LA DECENCIA

Ana asegura que ellos no van a pagar ya más dinero. Esta pareja asume el riesgo de quedarse totalmente fuera del proceso a pesar de haber esperado tanto. Ella me cuenta que su marido Antonio tiene claro que en el futuro no quiere decirle a su hijo que hizo cosas poco decentes para conseguir tenerle en casa. «Es un mercadeo. Nos piden ahora todo ese dinero después de lo que ya hemos pagado. Y ¿después qué?»,  se pregunta Ana. Una decencia que puede salirles muy cara. 
 

La Xunta asegura que no hay motivos para expedientar a la empresa intermediaria a pesar de las peticiones extra de dinero. Los afectados quieren que su gobierno les dé una respuesta y analice los casos de manera individualizada. Hay demasiado en juego. Y el tiempo corre en su contra porque en algunos tipos de adopciones la edad de los padres penaliza.

El lunes próximo acaba el plazo para que Ana y Antonio tomen una decisión. Y su caso no es único. Otras 90 familias gallegas esperan que alguien desbloquee la actual situación de adopciones en países como Etiopía y Burundi. Otras 90 familias que, como Ana y Antonio, esperan dejar de soñar y tener a sus hijos ya en casa