El club de los descorazonados

Uno de los rastros que más ha descorazonado a los españoles tras las pasadas elecciones es la reconfirmación de que en los lugares donde los escándalos por corrupción han sido más llamativos, los votantes han optado no solo por no castigar a los implicados sino por premiarlos. Esto sucede desde hace tiempo y empuja a una depresiva lectura de la democracia. Si a esto le unimos que los discursos patrioteros y racistas han ganado elecciones en varios rincones de la más prestigiosa Europa, no parece fácil evitar una sensación de agotamiento del ciclo democrático. El problema de esta actitud es que resulta ventajista y corta de miras. Para empezar, quienes ahora desconfían de la democracia son los mismos que antes la utilizaban como un dogma intocable. Especialmente para quienes insistieron en que la democracia servía para aplicarse a todo y que era buena hasta para decidir la jerarquía de las pinturas en el Museo del Prado. Ya saben que si las exposiciones se votaran, habría que descolgar los Velázquez y poner las vidrieras de la catedral de la Almudena.

La primera reescritura de la democracia pasa por otorgarle el poder de decidir lo que tiene poder de decidir, esto es: los gobernantes que prefiere la mayoría. Pero salvaguardando las instituciones, la legalidad, el progreso social y los controles independientes. Incluso la propia votación nacional queda en entredicho si se produjera sin una prensa libre o careciendo de medios públicos donde prime la independencia profesional y el derecho a refutar una elección con otra pasado un corto periodo de tiempo. También queda reducida si el poder propagandístico es demasiado desigual entre las formaciones o si el recuento no se somete a una corrección proporcional que tenga en cuenta las variantes de población y geográficas. Es decir, que casi todas las reformas planteadas van en la dirección incorrecta, queriendo dotar al voto de capacidades milagrosas. Con lo cual, en el futuro, en lugar de mejor democracia podemos encontrarnos con peor democracia si no estudiamos la crisis del sistema bajo una mirada racional.

Pero llegamos así al inicio del problema. ¿Son los votantes partidarios de la corrupción? Una lectura precipitada de los resultados, por ejemplo, en Valencia o Madrid, donde la corrupción ha llegado a los tribunales con escalofriantes datos, nos llevaría a pensar que es así. Pero quizá si nos detenemos un instante sobre esa estampa podríamos encontrarnos con algo más profundo. Lo que ocurre, y de forma habitual, es que los votantes no encuentran opciones para variar su voto. Como en la fe religiosa, uno no renuncia a su Dios por la corrupción de ciertos sacerdotes. Tampoco uno renuncia al cariño hacia su padre, aunque le echen de la empresa por robar. Son fidelidades profundas que nacen de una cercanía protectora. No explicárnoslas cuando suceden con los partidos políticos es no querer entender los mecanismos emocionales de las personas. Es imposible pedir que los votantes castiguen la corrupción política de manera efectiva. No lo hacen porque se atrincheran en sus convicciones y encuentran justificaciones variadas, desde el “todos lo hacen” hasta el “han sido solo unas manzanas podridas”. Es ahí donde la división de poderes tendría que cumplir su misión democrática fundamental. Perseguir el delito, castigar culpables, apartarlos de la carrera pública, salvaguardar el erario. Por eso, el más grave déficit democrático, y lo que debe deprimirnos, no es la votación popular de signo avieso, sino el control político de jueces, fiscales y fuerzas policiales. No es pues el voto lo que está en entredicho, siempre y cuando votar siga sirviendo para la puntual consulta a la soberanía popular sobre el signo del gobierno, sino el rigor institucional, la independencia de poderes y la limpieza del sistema. Indígnense, quizá, pero solo si lo hacen por las razones correctas.