Juicio político a la guerra sucia
El PSOE y el resto de la oposición debe investigar el papel de las cloacas del Estado contra el soberanismo y depurar responsabilidades políticas
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
Cuando la trama del culebrón soberanista parece decaer, siempre surge un giro argumental que brinda nuevos bríos a la narración. A falta de un proyecto independentista plausible y de una mayoría social que lo avale, el 'procesismo' precisa de muchos gags y efectos especiales para mantener la atención del auditorio. Por fortuna, la escena madrileña suministra vibrantes tramas colaterales.
En el marco de la guerra abierta entre policías que se libra en Interior, el comisario José Manuel Villarejo ha reconocido al juez que en el 2012 colaboró intensamente con el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, en lo que denominó como 'operación Cataluña'. Hoy están enfrentados a muerte.
Eran conocidas las maniobras secretas de la policía para torpedear el proceso soberanista, que consistían en fabricar informes sin pruebas contra los líderes nacionalistas y filtrarlos a la prensa adicta. Todo ello, sin autorización judicial ni las garantías mínimas de un Estado de derecho. Con tales libelos fueron obsequiados Artur Mas y Xavier Trias, entre otros, sin que apareciesen jamás las supuestas fortunas que ambos ocultaban en paraísos fiscales.
Por si no bastara con la audición de las conversaciones entre el ministro Jorge Fernández Díaz y el exjefe Antifrau, Daniel de Alfonso, la explícita admisión de estas prácticas por parte del comisario Villarejo durante un interrogatorio judicial da carta de naturaleza a uno de los episodios más ominosos de la democracia española: la guerra sucia del Estado ya no para combatir el terrorismo, práctica igualmente deleznable, sino para perseguir a los disidentes políticos. Tras el público linchamiento del independentismo le llegaría el turno a Podemos de subirse al cadalso.
Depurar responsabilidades
El PSOE y otros grupos forzarán este mismo mes la apertura de una investigación en el Congreso que airee estos trapos sucios y dicte un juicio político sobre estas cloacas del Estado. Ya que España no investigó, como hizo el Reino Unido, las mentiras de José María Aznar en la guerra de Irak, lo menos que puede hacer ahora es depurar responsabilidades de esta otra guerra sucia.
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