La enseñanza superior

Cinco años de recortes y subidas

La política de la Generalitat compromete gravemente el futuro de la universidad pública catalana

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ALBERT COROMINAS

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A pesar de la persistente salmodia sobre la importancia de la enseñanza y de la investigación para salir de la crisis y llegar a la tierra prometida de la sociedad del conocimiento, las universidades públicas de Catalunya se encuentran entre las instituciones que más han sufrido los recortes que, desde el 2010 y a raíz de la crisis, han aplicado los gobiernos de España y, con buena sintonía con ellos, los gobiernos bipartitos de CiU, primero con el apoyo del PP y luego con el de ERC.

El presupuesto para universidades de la Generalitat de Catalunya pasó de golpe de 939,3 millones de euros en el 2010 a 787,3 en el 2011: un recorte del 15,7%. Las transferencias corrientes de la Generalitat a las universidades públicas han disminuido un 22% del 2010 al 2014. Las transferencias de capital, específicamente destinadas a mejorar las infraestructuras y a potenciar la investigación, un 78,3%.

Aumento del precio de la matrícula

Esta reducción abrupta y sustancial de los fondos públicos ha sido compensada en parte por el aumento de los precios de matrícula y de las tasas por servicios. El precio de un curso, en euros constantes, ha aumentado en un 59% del 2011 al 2014. Las universidades públicas catalanas son las más caras de España, ya que el de Artur Mas fue el único gobierno autonómico que hizo uso desde el principio, en el 2012, de todo el margen para subir que le daba la nueva regulación de los precios universitarios promovida por el ministro Wert. Y a diferencia de la comunidad autónoma de Madrid, que para este curso 2015-2016 los ha reducido en un 10%, no se ha echado atrás. Aunque el propio Govern estableció unos descuentos en el precio en función del nivel de renta, llamados Beques Equitat, de que el número de estudiantes de las universidades públicas se ha reducido en un 3,7% y de que cada estudiante tiende a matricularse de menos créditos, la aportación de los estudiantes y sus familias ha pasado de 229,3 millones de euros en el 2010 a 363,1 en el 2014, es decir, ha aumentado en 133,9 millones, un 58%.

Como contrapartida de la subida radical de precios el estudiante no ha disfrutado de una mejora del servicio: las universidades, forzadas a ahorrar, han reducido el acceso a bibliotecas y salas de estudio y muchas cierran en Navidad, Semana Santa y la mayor parte del mes de agosto.

La cifra excesiva de títulos

A pesar de la disminución de recursos y de la tendencia a la baja del número de estudiantes, en estos cinco años no se ha avanzado en la racionalización del mapa de títulos. El curso 2010-2011, en Catalunya teníamos 469 grados y 452 másteres, unas cifras manifiestamente excesivas que el propio Govern, que es el último responsable, criticó reiteradamente pero sin hacer nada significativo para corregirlas. Este curso 2015-2016 nuestras universidades ofrecen 38 titulaciones nuevas. O sea, que con recursos cada vez menores hay que hacer cada vez más cosas, lo que no contribuye a la mejora de la calidad. Además, la proliferación de grados lleva a una fragmentación excesiva de los conocimientos y al peligro de trivialización de los contenidos.

El profesorado ha pasado de 16.636 personas en el curso 2010-2011 a 15.292 tres cursos después: 1.344 menos, una caída del 8,1%. El personal de administración y servicios, de 8.912 a 7.947: 965 menos, un 10,8% de descenso. Estas reducciones son el resultado de despidos, de no renovaciones de contratos y de la imposición legal, por iniciativa del Gobierno de Rajoy, entre finales del 2011 y principios del 2015 (desde entonces es del 50%) de una tasa de reposición del 10%, lo que significa que de cada diez bajas solo se podía cubrir una.

La promoción del profesorado vigente

Esto ha dañado drásticamente las posibilidades de estabilización y promoción del profesorado existente, una parte del cual ha ido a parar a universidades extranjeras o ha abandonado la carrera académica. Y también ha dañado las posibilidades de renovar la plantilla (los contratos de ayudante y de profesorado lector son los de iniciación a la carrera académica: del 2010-2011 al 2013-2014 pasaron, respectivamente, de 282 a 112 y de 695 a 539). Se ha comprometido gravemente el futuro del sistema y las consecuencias negativas seguramente se dejarán sentir en el futuro cercano.

Es realmente notable que en estas circunstancias nuestras universidades públicas hayan conseguido mantener los niveles de calidad que habían alcanzado y que cada vez son más reconocidos aquí y fuera. Ahora que tanto se habla de construir estructuras de Estado, no se debería correr el riesgo de que se sigan creando las condiciones para dañar las que ya tenemos.