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Una actividad económica clave

Un cambio de gobernanza turística

Joan Miquel Gomis

Los agentes sociales no turísticos deben implicarse en las decisiones estratégicas del sector

En julio del 2003, el semanario Editur publicaba un editorial titulado ¿Intereses inmobiliarios o turísticos? La revista, por aquel entonces muy influyente en el ámbito empresarial turístico, alertaba sobre la existencia de una burbuja inmobiliaria en Europa que tendría uno de sus epicentros en España, donde la envergadura del debate en relación con la sobrevaloración de los precios de la vivienda estaba adquiriendo unas dimensiones a las que no escapaba la actividad turística. La publicación se hacía eco de diversas voces que denunciaban la confusión que se estaba generando al presentar operaciones de interés estrictamente inmobiliario como hipotéticos proyectos turísticos y que en realidad (por el impacto destructivo del paisaje que conllevaban) iban claramente contra los intereses de un sector que debe tener en la preservación de la naturaleza uno de sus valores fundamentales y clave para su futuro.

El semanario describía los signos alarmantes que identificaban el turismo residencial como una de las vías que debían facilitar la superación de los problemas estructurales del turismo de sol y playa. Las impulsoras de este modelo (traducido en un incremento muy significativo en la inversión inmobiliaria) eran  las grandes constructoras, cuyos responsables difundían mensajes por medio de generosos canales de comunicación que ilustraban la magnitud y bonanza del fenómeno.

Este resurgimiento agresivo de la inversión inmobiliaria en la costa, con el respaldo financiero de la banca, se producía en un momento en el que, en general, la ocupación extensiva del suelo de interés ambiental o paisajístico rozaba los límites de lo razonable, si es que no los sobrepasaba. Muchos de los desaguisados urbanísticos que perduran en los núcleos turísticos de la costa se atribuyen al pasado, a la época en la que todavía quedaba lejana la cultura de la sostenibilidad y en la que la falta de democracia daba vía libre a comportamientos en los que podían primar los intereses particulares sobre los generales. Pero otros de los despropósitos que inundan el litoral se han ejecutado en plena democracia, teóricamente bajo el amparo de severas leyes que deberían proteger la riqueza natural y el paisaje pensando en los futuros pobladores y visitantes de la zona.

Los intereses inmobiliarios y los turísticos son a menudo coincidentes, aunque pueden ser también contrapuestos. Desde Editur se ejemplarizaba el eje de la divergencia: mientras la planificación sostenible de un determinado territorio de alto interés (por su paisaje, por sus actividades de montaña como el esquí, por sus playas…) aconsejaría el desarrollo de una planta hotelera limitada y controlada, la apuesta dominante ha sido por una urbanización que ha inundado de residencias zonas que permanecen deshabitadas la mayor parte del año y que en la actualidad nutren a la oferta turística de plazas de alojamiento ilegales que, sin control administrativo, dificultan el diseño de políticas turísticas eficientes. Un hotel en una zona de alto interés paisajístico con capacidad para 20 familias es formalmente menos agresivo con el medioambiente -por lo tanto, más sostenible- que una urbanización para idéntico número de familias. Y es más democrático, porque el disfrute del alojamiento está más abierto a la sociedad.

Más de diez años después de aquel editorial se generan, entre otras, dos reflexiones. La primera, en forma de interrogante: ¿cómo es posible que aún hoy alguien pueda defender que, con aquellos antecedentes, la crisis de la construcción inmobiliaria y financiera no era previsible? La segunda, en forma de lección aplicable a otros sectores pero  especialmente relevante en el turístico: las decisiones estratégicas deben contar con la participación, y si es posible el consenso, de los agentes sociales locales más diversos, incluidos los no relacionados directamente con el turismo. Esta vía incluye la gestión de los organismos de promoción turística con participación pública, que deberían contar en sus órganos de gobierno, además de los lógicos y legítimos intereses empresariales, con representantes de las distintas visiones de un determinado territorio. Así, en las campañas de promoción sería más fácil acercarse al ideal de lograr que en una imagen de marca turística se identifiquen por igual turistas y residentes locales.

En esta vía, Catalunya, con sus distintos niveles administrativos turísticos, reúne las condiciones para ser una adelantada. Y los casos de Barcelona y Tarragona (con Barcelona World) son una oportunidad para canalizar las reflexiones participativas en procesos de decisión transparentes que garanticen el desarrollo de proyectos sostenibles (económica, social y medioambientalmente), y por lo tanto que realmente aporten valor añadido al territorio a largo plazo. Así de fácil. Así de difícil.