El 'demos', esta es la cuestión

Tenemos fecha y tenemos pregunta. Tenemos la concreción, por fin, del proceso soberanista cuando ya vivíamos todos en una especie de hámster general similar al proceso del Estatut. Había dudas sobre si los partidos se pondrían de acuerdo; a pesar de que ellos decían que si no lo hacían “harían el ridículo”, nadie ponía la mano en el fuego por ello. El encaje entre tantos matices parecía imposible. Pero finalmente, y antes del plazo fijado, el 'president' Mas sorprendió con el anuncio en Palau, junto con los líderes de ERC, ICV- EUiA y la CUP .Una foto, sin duda, histórica.

El siguiente paso será llevar al Congreso de los Diputados la propuesta y acordar, en su caso, la delegación de la convocatoria de referendos a la Generalitat, vía 150.2. Sea como sea, la autorización de Madrid es ahora impensable. En estos casos PSOE y PP no dudan en ponerse de acuerdo, son cuestiones de Estado dicen, y para ellos la soberanía nacional es indisoluble a pesar de modelos federales que algunos puedan defender. No hay reconocimiento de sujeto político catalán, niegan el demos, niegan la realidad.

Vamos a un choque de trenes que nadie sabe cómo acabará. La ley de consultas no referendarías, en trámite en el Parlament, puede ser un instrumento por convocar la consulta sin permiso del Estado. La imagen de las autoridades españolas evitando la democracia -si siguen con el mismo posicionamiento- podría ser sin duda escandalosa ante la opinión pública internacional. Sin embargo, esta ley necesita un cuerpo de votantes, diferente al censo electoral, que aún debe fijarse. También existe la ponencia de la ley electoral en el Parlament, que debería permitir al Govern disponer de una autoridad electoral propia para supervisar y garantizar la objetividad del proceso consultivo. Tenemos los ingredientes.

Aunque constitucionalmente la soberanía española sea única, tal y como apunta el artículo 2 , está claro que si una comunidad política constituida, en este caso como comunidad autónoma, cuenta con un parlamento donde hay 87 diputados de 135 que apuestan por hacer una consulta, algún tipo de legitimidad les debe reconocer el Estado. Y si además, este Parlament se ha declarado soberano, entramos en un terreno de emancipación claro. Si los partidos independentistas han podido defender la independencia en el seno del marco constitucional, ahora que son mayoría, la democracia española debe articular necesariamente un mecanismo para hacer efectiva la voluntad del pueblo catalán.

ESCALA INTERNACIONAL

La Corte Internacional de Justicia ha declarado que no existe precepto en el derecho internacional que prohíba las declaraciones unilaterales de independencia, en relación al caso de Kosovo. Pese a que el contexto no tiene nada que ver, la negativa sistemática del Gobierno español y los intentos que desde Catalunya se han llevado a cabo, podrían terminar justificando una secesión no consensuada. PP y PSOE han convertido la Constitución en un muro infranqueable que no es útil para responder a las demandas de los ciudadanos, ergo nos encontramos en una situación de bloqueo donde sólo grandes mayorías en Catalunya pueden tener la legitimidad para cambiar la situación.

Cuando entran en contradicción dos legitimidades, la del Estado constitucional y la de una comunidad política que es minoría en el seno de este estado, es claro que los ciudadanos tienen algo que decir. En este sentido, es interesante leer el análisis jurídico sobre el derecho a la autodeterminación que hizo la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona de l’ICAB, donde menciona la opinión del Tribunal Internacional. "En una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que es ésta la que crea y modifica la legalidad".