Sin consulta en el 2014

No hay casi ningún dirigente político catalán que en privado admita que la consulta donde pueda decidirse, o no, la independencia de Catalunya pueda celebrarse el próximo año. No, al menos, pactada con el Estado y no, al menos, celebrada sin su permiso. Un supuesto que la semana pasada  solo obtuvo el apoyo de 25 diputados en el Parlament de Catalunya.

Si bien la responsabilidad final en caso de no celebrarse será, obviamente, del propio Estado, no había ningún mandato ciudadano que obligara a que la consulta fuera antes de finales del 2014. Y no hay ninguna necesidad de seguir insistiendo en que esta va a poder celebrarse con permiso, cuando en el momento de apagarse el micrófono casi nadie lo cree. Ni creen que se pueda celebrar con el aval del Estado, ni quieren celebrarla sin él.

Cuando más del 80% de la población de Catalunya quiere decidir sobre cuál es su sujeto de soberanía, no hay muchas dudas acerca de la necesidad de darle una respuesta política. Y si la negativa del Estado es más que probable, la necesidad de cargarse de razones surge precisamente en la fuerza política que pueda surgir del Parlament. Y en decir la verdad. Si los 104 diputados que se han pronunciado a favor de lo que conocemos por derecho a decidir fueran capaces de hacer un ejercicio de generosidad y acordar una pregunta ya estaríamos ante un hecho histórico.

De lo contrario, entraremos en un complejo terreno de declaración unilateral con resultado incierto y con mayorías menos claras o, aún peor, en una espiral que alargará el debate ad eternum y a cuyo final solo asistirán los más convencidos. Mientras aquí parece que solo hay un posible tema de conversación, el mundo progresa, o involuciona, a velocidad de vértigo y los ciudadanos de Catalunya no nos podemos permitir seguir ensimismados mucho más tiempo.