Paradojas municipales

Las catastróficas inundaciones que sacudieron la semana pasada el Vall d'Aran y algunos pueblos del Pirineo catalán han hecho patentes dos realidades municipales demasiadas veces cuestionadas desde diversos estamentos. Por una parte, el destacado papel de los alcaldes ante situaciones de esta magnitud que afectan, desgraciadamente, a muchos convecinos. Y por otra, la imperiosa necesidad de que se delimiten, de una vez por todas, las competencias de los ayuntamientos.

Nadie puede cuestionar el hecho de que somos los alcaldes -y mucho más los de los pequeños municipios- los que conocemos no solo la realidad de nuestra población sino cada palmo del territorio. De ahí que sorprenda, por injustificada e imprudente, la multa de 6.000 euros que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) impuso al alcalde de Vielha,Àlex Moga, por limpiar el cauce del río Garona, fatídico protagonista por su desbordamiento.

TANTOMogacomo el síndico de Aran,Carles Barrera, han acertado el diagnóstico al afirmar que si la CHE hubiera sido más laxa en sus competencias -quisiera pensar que en este exceso de celo no se mezclan cuestiones políticas- podríamos haber minorado los efectos devastadores de la crecida del Garona.

El alcalde de Vielha, al limpiar el río de árboles y basura que taponaban las vías de desagüe, no hizo más que aplicar el sentido común en su municipio. Le costó 6.000 euros de multa en el 2011. ¿Por qué? Pues porque la legislación estipula que esta competencia corresponde exclusivamente a la CHE y, por tanto, un alcalde por mucho que se preocupe no puede aplicar medidas en su municipio que son razonables.

Ahora parece que la CHE se ha dado cuenta de su error y dejará a los alcaldes que limpien los cauces del río. Como muchas decisiones administrativas, esta también llega un poco tarde. Gracias a Dios, solo tenemos que lamentar destrozos materiales y por este motivo me he decidido a poner en papel estas reflexiones. Una de cada cuatro competencias que asumimos los ayuntamientos catalanes nos son impropias y correspondería gestionarlas a administraciones de nivel superior. Dicho así, en cuatro palabras, parece una estadística frívola pero tiene consecuencias innegables para nuestros ayuntamientos, no solo de carácter económico. En una coyuntura desfavorable y carente de recursos, estas obligaciones aprietan aún más la hacienda municipal porque muchas veces no van acompañadas de la correspondiente partida presupuestaria o son financiadas de forma insuficiente. Todo el mundo debería tener presente que la mayoría de ellas ayudan a conformar y a mantener nuestro Estado del bienestar, ya que afectan directamente a las personas a las que debemos ayudar desde la proximidad y a las que diariamente nos encontramos por nuestras calles.

Por todo ello, resulta paradójico que, mientras los ayuntamientos nos hacemos cargo de competencias impropias, otras que serían del todo sensatas-como la limpieza de los cauces de los ríos que pasan por el centro de nuestro municipio- nos las nieguen con la banal excusa de una legislación claramente arcaica.

La ley de gobiernos locales que ha de aprobar próximamente la Generalitat debe aclarar todo este batiburrillo competencial. Ni mucho menos, la intención de los ayuntamientos es la de quitarnos las responsabilidades de encima. Al contrario, la Administración local ha dado suficientes pruebas durante estos años de buena gestión, ahorro y de plena dedicación a nuestros vecinos. Algunas veces, incluso, con un exceso de pasión que, como al alcalde de Vielha, le costó la multa. Pero lo hacemos sin traspasar las culpas a otros, porque es nuestra voluntad de servicio.

loS LAMENTABLES hechos ocurridos en la Vall d'Aran también han evidenciado el papel esencial e indiscutible que tenemos los ayuntamientos y los alcaldes, incluso los de los pequeños municipios, en la gestión no solo del día a día sino frente a situaciones de emergencia como esta, afrontándolas con pocos recursos pero con una capacidad de servicio innegable.

Por lo menos, es del todo urgente una racionalización competencial de las administraciones que actuamos en Catalunya con un reparto de acuerdo a las posibilidades de nuestros ayuntamientos. Y como no, hemos de disponer de los recursos suficientes para seguir prestando los servicios teniendo en cuenta las penurias que atraviesa el Govern. Nuestros ciudadanos no nos perdonarían que los gobernantes fuéramos incapaces de alcanzar este reto que, sobre todo, beneficiará a nuestros convecinos. Quisiera aprovechar estas líneas para transmitir mi solidaridad a todos los vecinos del Vall d'Aran y de los Pallars.