El modelo universitario sí importa

Es paradójico que sectores significativos de Catalunya, tan fecunda y eficiente con su tradición de proyectos de iniciativa social, den la espalda a las universidadesnon profit(sin lucro). Cuando la crisis ha cuestionado reiteradamente los modelos de servicios, especialmente los entornos asistencial, sanitario y educativo, parece que solo tengamos un paradigma. En efecto, hay que exigir una buena universidad como «servicio público», es decir, servidora de nuestros jóvenes y de la sociedad desde la clásica triple misión (docencia, investigación y transferencia), pero no se puede constreñir o confundir servicio público con titularidad y financiación pública.

El desarrollo de la legislación ha permitido disponer de universidades públicas, privadas y, también, universidades de iniciativa social sin ánimo de lucro (que también son privadas). Estas últimas comparten con las demás el contexto de la crisis generalizada y la misión de la institución universitaria pero no los mismos principios ni su visión. Y no reciben dinero público para la docencia. Tanto el sistema universitario español como el catalán tienen tres graves problemas y parece existir un profundo cerrazón, ceguera y falta de voluntad que dificultará mucho su evolución.

El primer problema es la propia situación de la universidad pública. En un informe reciente y por enésima vez se ha puesto de manifiesto que a pesar de reconocer un enorme progreso del sistema universitario habrá una reforma muy profunda más allá de la financiación.

La segunda dificultad es la poca eficiencia, claridad y coherencia económica del sistema. Los informes del Observatorio del Sistema Universitario¿Cuánto paga al estudiante?explican que en Catalunya desde el 2001 los estudios de 1º y 2º ciclo se encarecieron entre un 84% y 103% sobre el IPC. Con motivo de la implantación de Bolonia (2008) han subido entre un 71% y un 76% sobre el IPC y, este curso, se ha registrado un aumento del 67%.

Sin duda, no podemos comulgar con esta política universitaria pero a la vista de los enormes déficits que registran muchas universidades públicas catalanas es evidente que el problema es de modelo. El gasto medio por estudiante en España es de unos 10.000 euros por curso, con significativas diferencias según la tipología de estudios y según las autonomías. Pero hay que saber que no existe una contabilidad analítica que permita estimar el coste de los estudios en el sistema público de forma objetiva, y que en Catalunya el cálculo global de la contribución del estudiante a la financiación de la docencia era del 20% en el curso 2011-2012 aunque la Generalitat estimó que el alumno pagaba cerca de un 15%.

El sistema universitario catalán integra 12 universidades pero el parámetro público queda cada vez más tergiversado porque tenemos una universidad -llamada- pública con financiación de diversas administraciones y una -clasificada como privada- con financiación pública. Los recortes, además, han provocado que desde la universidad pública se busquen fondos privados. Y para abonar más la inconsistencia del sistema, ante la razonable contención propuesta por la Administración para no iniciar nuevos grados, se produce el fenómeno de la integración de centros privados adscritos con el aumento de nuevos grados bajo tutela, el reconocimiento y el beneficio de la universidad pública. ¿Credibilidad del modelo? ¿Lealtad o deslealtad pública?

El tercer problema es la incapacidad de reconocer que el modelo de iniciativa social es de futuro y que en un contexto de crisis supone mucho más que un buen ejemplo, no pretende emular la pública porque parte de diferentes opciones. Este elemento diferencial permite, por ejemplo, una gran calidad docente basada en la innovación metodológica, la formación centrada en la persona y en los valores, la no dilación en el tiempo de los estudios universitarios, el fomento de la emprendeduría y la proximidad al mundo profesional. Además, su economía -sin ánimo de lucro- se fundamenta en la sostenibilidad y la transparencia descritas desde el presupuesto.

Si ante la educación universitaria es preciso que el país no hable de «gasto» sino de «inversión», este alto y digno sentido también debe ser reconocido por todas las instituciones sin ánimo de lucro y por todos aquellos universitarios que consideran oportuno un esfuerzo económico. Y esto no merece ni el silencio ni el menosprecio sino el apoyo de todos. En la reclamada y esperada transformación de la universidad, cierto modelo universitario no puede pretender poner el vino nuevo en una bota vieja, ni ser motor de un nuevo paradigma cuando se ahoga. Un mundo diferente, un vivir diferente y, por tanto, una universidad diferente.