Editoriales

Una injusta ley hipotecaria que debe cambiar

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defiende la modificación de la ley hipotecaria por las «disfunciones» que su aplicación genera en momentos tan críticos como los actuales, en los que el número de familias expulsadas de sus viviendas crece sin freno. El presidente de este organismo ha señalado que se debe «hacer justicia», lo que no resulta posible con el texto legal vigente, que data de 1909. El CGPJ ha cambiado de opinión: hace apenas unos días rechazó una propuesta de un grupo de trabajo del propio consejo que defendía un cambio en el sistema de desahucios.

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Los jueces no han sido los únicos en dar un giro a la vista de la importancia del drama. El PP se muestra ahora dispuesto a hacer lo que «nunca se ha hecho» para paliar el problema, aunque sin precisar en qué línea irán los cambios que defiende, ni si lo hará de acuerdo con el PSOE, que ha presentado una proposición de ley, lo que supone también un viraje respecto de su posición anterior. El partido socialista, que ya vivió un aumento exponencial de los desalojos cuando gobernaba, defiende ahora cuestiones como subastar los inmuebles embargados al precio de la tasación inicial o limitar el pago de las cuotas hipotecarias al 30% de la renta del comprador. Los cambios de actitud de instituciones y partidos son lógicos dado el cariz que toma el problema, cuya dimensión real es muy difícil de conocer puesto que son mayoría las familias que dejan su vivienda en silencio cuando se produce la ejecución hipotecaria sin esperar al desahucio, que es lo que a veces trasciende.

Lo que resulta menos comprensible es el comportamiento de la banca, que debería detener la escalada en beneficio propio. El proceso judicial de un desahucio tarda unos dos años; es decir, que los que ahora se producen comenzaron en el otoño del 2010, cuando en España había 1,2 millones de parados menos. En otoño del 2014, pues, habrá muchos más que ahora. En consecuencia, los bancos se quedarán con muchos más pisos. ¿Qué harán? ¿Los pasarán albanco malo? No son pocos los que claman por la transformación de esas casas en viviendas de alquiler para los propios morosos. Se paliaría un drama social y los bancos obtendrían algunos ingresos, aunque fuesen mínimos, en lugar de adjudicarse unos activos de los que solo sacarán más lastre para sus balances.