Opinión | Editorial
En auxilio de la banca
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La posibilidad de ayudar a las entidades financieras de Europa para amortiguar los efectos que se deriven del eventual impago de la deuda griega abre las puertas a una operación de saneamiento integral del sector. Los bancos que no tienen exposición a los bonos de países intervenidos pueden almacenar títulos inmobiliarios de valor desconocido en sus balances, que son tan tóxicos como las letras griegas. Por tanto, si la Unión Europea se dispone a recapitalizar el sistema de forma generalizada, ¿quién renunciaría y optaría por quedarse fuera y no recibir esas ayudas? Hubo un momento, cuando se produjeron las primeras inyecciones de capital público en grandes bancos norteamericanos, alemanes, británicos y franceses, en que se pensó con toda la lógica del mundo que esas entidades no podrían operar en el mercado en las mismas condiciones que el resto, que su capacidad quedaría mermada, pero no ha sido así. A la vista de esa experiencia, los economistas del PP y otros expertos independientes tienen razón: resultaría quijotesco renunciar a unos apoyos que quizá todo el mundo pueda disfrutar. Habría que ponerse ya en la cola para recibir esos fondos antes de que se agoten.
En cualquier caso, está por ver que el Gobierno alemán contribuya a semejante barra libre, que definitivamente desdibujaría la frontera entre los bancos que han hecho los deberes y los que han sido mal gestionados. En España, por ejemplo, significaría que la separación preventiva que hicieron Bankia y CaixaBank antes de salir a bolsa, segregando sus activos inmobiliarios en otra sociedad distinta del banco, no habría servido de nada. También habría que recalcular el valor de las cajas intervenidas por el FROB. París tiene, quizá, más interés que Berlín en un mecanismo de estas características que blindaría a la banca francesa ante los problemas de la deuda griega.
Auxiliar a los bancos y las cajas es vital, porque sin crédito la economía se colapsa, tal como estamos viendo. Pero esa ayuda plantea una cuestión de muy difícil encaje social porque los estados movilizan recursos para ese fin mientras endurecen las condiciones para la jubilación, recortan los derechos económicos de los trabajadores despedidos y adelgazan las prestaciones sociales.
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