Uso y abuso de los bosques catalanes

Después de largas décadas de sufrir un cierto desdén por parte de las clases urbanas, el entorno rural ejerce un creciente atractivo para muchos catalanes. El estrés de la vida moderna en las ciudades y la mejora de las comunicaciones por carretera han hecho que, en los últimos años, una parte importante de ciudadanos cambien regularmente el cemento por el verde. Esto se traduce no solo en el auge del turismo rural o los deportes de aventura, sino en un consumo intensivo del medio natural. Y, como en otros órdenes de la vida, lo que tomado en su justa medida resulta positivo -el acceso y disfrute de la naturaleza es un buen indicador de salud colectiva-, pasa a tener aristas cuando se masifica.

Es lo que sucede estas semanas en los bosques catalanes, que registran una avalancha de buscadores de setas. Una actividad antes practicada casi exclusivamente por aficionados de las comarcas micófagas se ha extendido de forma espectacular, lo que plantea una duda que hace no muchos años habría parecido casi una broma: ¿hay que hacer pagar para acceder a los bosques? La pregunta no es baladí, porque el 60% del territorio catalán es boscoso, y el 80% de él es de propiedad privada.

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El mantenimiento en condiciones de un bosque queda cada vez menos a expensas de los ciclos de la naturaleza y de las explotaciones agrarias y forestales tradicionales. Por eso no es descabellado que los propietarios piensen que se les debería compensar por el uso público de un bien privado, máxime cuando, como en el caso de las setas, implica un beneficio para terceros, ya sea meramente lúdico o abiertamente comercial. En este sentido, la experiencia de Soria, donde desde el 2001 los buscadores de setas pagan una tasa para recolectar, puede servir de referencia para Catalunya.

La mayor regulación, en general, del acceso a los bosques no es una tarea urgente, pero sí ineludible. No es imaginable ni deseable que los propietarios usenad infinitumel derecho a la parcelación de sus fincas, pero sí que haya un nuevo orden fruto del consenso de forma que, al tiempo que se preservan los intereses del mundo rural, los ciudadanos en general puedan disfrutar con amplitud y respeto de un bien único como la naturaleza.