Catalunya da ejemplo con el agua

El Gobierno de la Generalitat tiene la oportunidad de culminar una labor excelente de dos legislaturas en materia de planificación de aguas. La entrada deSalvador Milàa la Conselleria de Medi Ambient, al igual que la deCristina Narbonaal correspondiente ministerio en Madrid, pasarán a la historia como la primera ocasión en que ambas carteras fueron ocupadas por personas que asumieron una actitud consciente, activa y efectiva en defensa del medioambiente, y muy particularmente en materia de aguas, desarrollando la nueva directiva marco de aguas, aprobada en Bruselas en el 2000.

Hoy, Catalunya marca liderazgo mediterráneo en Europa, y no solo en España, al ser el único país que presenta su Plan de Gestión de Aguas en el plazo establecido por la directiva marco. Y, lo que es más importante, ese plan asume de forma sustantiva los principios, objetivos y criterios que marca la citada directiva, a diferencia de lo que puede percibirse en los borradores de las distintas cuencas hidrográficas, y en particular en la del Ebro. El proceso de participación ciudadana que se ha desarrollado en Catalunya se usa en estos momentos como referencia ejemplar en Bruselas. E incluso los colectivos sociales lo saludan como sumamente positivo.

Sin embargo, me da la impresión de que ni siquiera el propio Gobierno es consciente de ello. Por el contrario, todavía pesa como una losa la mala gestión mediática, social y política de la pasada sequía en Barcelona. E incluso pesa la vieja indigestión político-institucional de la guerra del agua de Barcelona. Todo ello, me temo, puede llevar a devaluar o no valorar en su justo término el notable trabajo realizado en estas dos últimas legislaturas por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

La lucha de cientos de miles de personas contra la subida injustificada de impuestos en la tarifa del agua, bautizada en su día como la guerra del agua de Barcelona, se entendió en la clase política como una clara señal de que subir las tarifas del agua era peligroso políticamente. Como consecuencia de ello, tanto los gobiernos convergentes como los tripartitos han dado la consigna de «no tocar las tarifas», cargando el déficit sobre la parte pública de la gestión de aguas, de forma que la parte privatizada (Agbar) pudiera quedar libre de polvo y paja. El resultado: un agujero financiero en la ACA que amenaza con desembocar en dolorosos e indeseados procesos de privatización en el futuro.

Respecto a la crisis de la sequía, en Catalunya se vivió una paradoja sin precedentes: ser el país europeo que había previsto de forma más diligente los riesgos de sequía en una planificación que ya para entonces estaba prácticamente elaborada y hacer una gestión social y política tan deficiente de la emergencia de sequía que se planteó. Ciertamente, esa sequía llegó antes de que las medidas previstas en la planificación pudieran estar operativas; pero eso tan solo disculpa en parte los errores cometidos. El principal: la desconfianza en la ciudadanía a la hora de prevenir el riesgo de sequía.

Desde un año atrás, se debería haber asumido el reto de discutir entre todos qué hacer si pasaba un año más sin llover¿ Pero, en la medida en que eso abría flancos de ataque político, se optó por poner velas a la Moreneta¿ Sin embargo, esos fallos no deben oscurecer la planificación elaborada y su efectiva puesta en marcha.

Catalunya ha vivido, junto al resto España, pero con particular intensidad, dos décadas de conflictos y debates en materia de aguas de las que debemos aprender lecciones. Las enormes manifestaciones contra el trasvase del Ebro que Barcelona protagonizó, aun siendo pretendidamentebeneficiariadel mismo, marcaron un hito de madurez en la perspectiva de esa nueva cultura del agua que Bruselas acabaría apoyando, con la aprobación de la directiva marco y el bloqueo de fondos europeos al Plan Hidrológico Nacional del Partido Popular. El plan de gestión elaborado por la ACA supone un paso importante en la consolidación de las opciones alternativas a esas políticas trasvasistas.

A primeros de septiembre, la Generalitat tendrá sobre la mesa los documentos definitivos ¿memoria ambiental, programa de medidas y el plan de gestión¿ una vez consideradas las alegaciones y concluida la ampliación del plazo de información pública que el Parlament decidió. Solo faltará pues una decisión del Govern para que Catalunya pueda enorgullecerse de haber culminado, en tiempo y hora, una labor bien hecha.

Si a última hora, y con asuntos sobre la mesa que, sin duda, acaparan más la atención y dedicación delpresidenty de su Gobierno, se cae en la tentación de dejarlo para quien gane las elecciones, creo sinceramente que se cometería un doble error: el de no cerrar una responsabilidad que corresponde plenamente al actual tripartito y el de posibilitar que los poderosos intereses creados en torno al agua puedan volver a enredar un proceso de planificación que, como ya se ha explicado, se ha desarrollado de forma ejemplar.