POLÉMICA PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS

El juez prohíbe a Uber operar en España por competencia desleal

Manifestación de taxistas contra la plataforma de transporte Uber, el pasado junio, en Madrid.

Manifestación de taxistas contra la plataforma de transporte Uber, el pasado junio, en Madrid.

VÍCTOR VARGAS LLAMAS / BARCELONA

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La plataforma de transporte de viajeros Uber tiene los días contados en España después de que un un juzgado de Madrid ordenara su prohibición en todo el país al considerar que la empresa «carece de la autorización administrativa» necesaria para desarrollar su tarea, de forma que acaba representando una «competencia desleal» para el resto del sector del transporte.

La resolución, contra la que no se puede recurrir, ejecuta la medida cautelar reclamada por la Asociación Madrileña del Taxi antes de interponer una demanda contra la empresa. El juez prohíbe así que la compañía aplique su modelo para contactar a los pasajeros con conductores de vehículos registrados en su organización. La medida solo será efectiva cuando la parte demandante deposite 10.000 euros «para responder de los daños o perjuicios que la medida pueda ocasionar». Dispone de tres días para tal fin .

La medida se aplica sin siquiera dar voz a Uber, al considerar el juez que es prioritario aplicarla «con la mayor brevedad posible» por la presencia de indicios de «conductas ilícitas» que representan un «daño inmediato» para los conductores de taxi que trabajan en aquellas ciudades de España donde el servicio está operativo. El juez recuerda asimismo que la startup está radicada en un refugio fiscal  de EEUU, por lo que atribuye a la firma una «deliberada vocación de opacidad».

El auto reclama  a las empresas de telecomunicaciones y de comercio electrónico que supendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes y «cualquier otros servicio de intermediación».

DEBATE FILOSÓFICO / El magistrado destacó que es una medida de protección cautelar y rechaza que la resolución se fundamente en aspectos relacionados con un «debate filosófico» sobre la libertad de mercado y de la economía cooperativa.

La empresa calificó la decisión  de «procedimiento judicial altamente  inusual» y consideró que el auto «es incompatible con el amplio reconocimiento político de España y de la UE a los beneficios de compartir recursos y a la economía colaborativa». La firma sostuvo que «numerosos organismos de la competencia de la UE pidieron una desregulación total del sector del taxi», del que considera que supone una barrera para nuevas alternativas de movilidad». Pese a que el auto destaca que no cabe recurso, Uber aseguró que está «evaluando una apelación» y que seguirá funcionando mientras los denunciantes no depositen la fianza de 10.000 euros.