El Supremo cita como imputados a Chaves y Griñán por los ERE

Por segunda vez consecutiva, el debate sobre la corrupción y el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía irrumpe en la campaña electoral autonómica. Y ahora lo hace por la puerta grande con la citación para declarar de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán ante el Tribunal Supremo (TS). La comparecencia no se producirá hasta mediados de abril, una vez pasadas las elecciones, pero al hacerlo en calidad de imputados, su situación en el partido marcará una campaña que se avecina tensa.

La decisión del Supremo de citarlos en abril responde a la regla no escrita de no interferir de forma directa en una campaña electoral. Es decir, se ha buscado evitar la foto de Griñán y Chaves entrando a declarar días antes de la cita con las urnas. Pero cuando el alto tribunal decidió abrir la investigación es porque, como mantiene la jueza instructora de Sevilla, Mercedes Alaya, encuentra al menos indicios para seguir adelante. Según la jueza, por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

CINCO AFORADOS

Así, ambos exmandatarios y los tres exconsejeros andaluces también aforados, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, comparecen en calidad de imputados, sin más. El Supremo se limitó a justificar la declaración por "los actos realizados en el desempeño de sus funciones como consejeros y presidente de la Junta, con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y económicas directas a diferentes empresas, así como las prestadas a personas físicas" que se dieron sin control alguno y de forma discrecional mediante un sistema cuestionado por la instrucción.

Fuentes judiciales insistieron en que se trata de un trámite, y que será tras haberles oído cuando el juez instructor Alberto Jorge Barreiro decidirá si archiva el caso por falta de pruebas o si, por el contrario, aprecia delito y sigue el procedimiento con su imputación y la posterior apertura de juicio oral, informa Margarita Batallas. En este sentido, la defensa de los imputados subrayó que fueron ellos quienes pidieron declarar de forma voluntaria, y recordaba que "no hay un auto de imputación contra ellos", ni la providencia judicial "contiene ningún razonamiento que recoja indicio alguno de criminalidad". Un argumento al que se aferró la presidenta andaluza, Susana Díaz, para enarbolar su discurso de lucha contra la corrupción.

DIMISIÓN

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, suele decir que ante las sospechas de corrupción "la política debe ir tres pasos por delante de la legalidad". La concreción de esta frase no termina de estar clara. Sirve para destituir al exlíder del PSM y candidato por Madrid, Tomás Gómez, pese a no estar imputado, pero no se aplica a Chaves y Griñán. Los socialistas se enredaron ayer con la respuesta que debían dar a la citación del Supremo. Bastaron 45 minutos para que cambiaran de criterio, mostrando así la incomodidad que produce este caso.

En un primer momento, el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, anunció que el partido no se plantearía pedirles sus escaños a menos que se les abriera juicio oral, tal y como establece el código ético aprobado hace unos meses. Esta posición chocaba con la mantenida por la presidenta de la Junta y el secretario general. Díaz anunció en noviembre que si Chaves y Griñán resultaban imputados, deberían entregar sus actas. Poco después precisó que solo deberían dejar sus cargos si el juez les acusaba de algún delito.

Un mes más tarde, Sánchez también se mostró contundente. "Si Chaves y Griñán son imputados, tendrán que dejar su escaño", dijo. Así que menos de una hora después de haber enmendado a Díaz y Sánchez, Hernando se enmendó a sí mismo. Reconoció su "error" y explicó que solo en el caso de que el TS imputase algún delito a los expresidentes, estos deberían despedirse de sus escaños, "cumpliendo con la palabra" de Sánchez.

CRÍTICAS DEL PP

El PSOE ha tenido tres posiciones distintas sobre este asunto. La primera, que la simple imputación conllevaría que los investigados dejasen sus cargos. La segunda, y por el momento definitiva, que solo tendrían que hacerlo si el juez les acusa de algún tipo delictivo. Y la tercera, que es la que establece un código ético que ahora ya no se sabe si continúa siendo de aplicación para otros casos, que el abandono se produciría solo si se abre juicio oral. Y el PP, mientras tanto, aprovechó para morder. Tanto la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acusaron a los socialistas de incongruencia, informa Pilar Santos.