Torredembarra debe dos años de alquiler de la comisaría de la Policía Local

El ayuntamiento de Torredembarra debe dos años de alquiler de la comisaría de la Policía Local y ahora se busca cómo renegociar la deuda, que asciende a cerca de 200.000 euros, ha informado el concejal socialista Jordi Solé.

El alquiler de la comisaría es una de las presuntas irregularidades que investiga el juzgado número 1 de El Vendrell bajo secreto de sumario, cometidas bajo la alcaldía de Daniel Masagué, detenido el pasado 26 de junio junto con seis concejales con cartera por un delito contra la administración.

Masagué, presuntamente, formalizó varios contratos a dedo sin respetar los procedimientos administrativos, tanto de servicios como de alquileres. Uno de estos alquileres es el del local adecuado como comisaría, a razón de más de 11.000 euros al mes, firmado primero con la empresa Grupo Vicsan- la sede de esta firma está al lado de la policial- y asumido después por el Sareb al quebrar esta empresa.

La Policía Local no ocupó el espacio hasta finales de junio de este mismo año, tras invertir alrededor de 600.000 euros en adecuar el recinto, y pocos días después surgieron goteras. Se da la circunstancia de que la agencia de detectives Método 3 investigó al Grupo Vicsan en el año 2009 por "corrupción de concejales", según constaba en el listado hecho público al estallar el escándalo de las escuchas y seguimientos de esta empresa de detectives.

Vicsan presentó concurso de acreedores a finales de 2012 tras una intensa actividad en Tarragona, con la ampliación de las urgencias del Hospital Joan XXIII, el inicio de las obras del Mercado Municipal y de varias piscinas. El nuevo equipo de Gobierno de Torredembarra (PSC-CIU-PP-ERC y los independientes de ADT) ha convocado mañana una conferencia de prensa para exponer el agujero económico en el que se halla sumido el Ayuntamiento y las medidas para sanear las arcas municipales.

"De momento hay una deuda de 2,5 millones de euros y cada vez encontramos más sorpresas, como pólizas de crédito de las que nadie sabía nada", ha avanzado Solé. Los grupos municipales del PSC y de ERC ya denunciaron a la fiscalía varias de las presuntas irregularidades cometidas por Masagué y seis concejales de su equipo de Gobierno. El juez ha imputado por un delito contra la administración pública a los siete políticos, a un empresario local y a otro barcelonés; a la interventora municipal y a la jefa de contratación y al ex coordinador del área de Urbanismo.