Otra semana decisiva para el 9-N

Pronto tocará pasar pantalla. Es lo que, en privado, asumen todos los protagonistas sin excepción del llamado proceso soberanista. La incógnita no es si habrá consulta, sino qué otra meta se fijará a los soberanistas catalanes como antídoto a la frustración que generará la evidencia de que el 9 de noviembre no se votará, al menos tal como estaba previsto. Lo que está en juego es de dimensiones colosales. Va desde el regate corto entre el Govern y el Estado para tratar de celebrar algún acto de participación el 9-N, hasta el futuro mismo del sistema de partidos catalán, ante una posible convocatoria electoral de carácter plebiscitario.

Por orden de inmediatez, esta misma semana se constatará que siguen en el aire cuestiones tan decisivas para poder votar como el sorteo de las mesas por parte de los ayuntamientos. O la publicación en el tablón de anuncios municipal de los espacios públicos para actos de campaña y debate, que está prevista para el próximo día 19. Sin registro de votantes, sin espacios de debate, sin sorteo de participantes en las mesas, las famosas «garantías democráticas» menguan hasta extremos insalvables.

Castillo de naipes

La estocada definitiva la puede dar en cualquier momento el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente un recurso del abogado del Estado contra la constitución de la comisión de control de la consulta (el equivalente a la junta electoral en unos comicios convencionales). Si eso pasa, los seis juristas y politólogos de la comisión, presidida por Jordi Matas, verían finiquitada su corta existencia. Uno de ellos, el catedrático Joaquim Brugué, se apeó del barco enseguida, denunciando precisamente que no se daban las condiciones para votar con todas las de la ley. Uno de los actores políticos del proceso, ICV-EUiA lleva días incrementando sus mensajes de aviso: las garantías para poder ejercer el voto están desapareciendo.

Oficialmente, el Govern no arroja la toalla, pero ya ha explicado (someramente) a ERC, ICV-EUiA y la CUP que está buscando resquicios para poder votar el día 9 de otro modo y con otro marco. Como apuntó el conseller de Presidència y portavoz del Govern, Francesc Homs, entre hoy y el miércoles se agotará el plazo para saber si hay o no consulta. No es ningún secreto: cuando el Govern presentó el plan del 9-N hace dos semanas, Jordi Barrat, responsable de relaciones institucionales y fomento de la calidad democrática, explicó que el calendario está muy compactado porque son «una serie de fichas entrelazadas entre sí».

El encaje jurídico y legal y el problema de los plazos es clave pero no definitivo para la resolución del conflicto en los próximos días. La cuestión de fondo sigue siendo política. En el frente proconsulta se han abierto vías de agua cada vez más evidentes. A todos los niveles.

Convergència quiere preservar la idea de que el president ha hecho todo lo posible y más para no ser acusados de cobardía por parte del independentismo, y considera que ERC está apretando en exceso por intereses partidistas. Mientras, Unió disimula mal su incomodidad con los pasos dados al borde de la ilegalidad y quiere cuanto antes que se diga que no hay base legal para poner las urnas.

Esquerra ha acusado a Mas de no haber preparado respuestas inmediatas y convincentes contra la suspensión del 9-N por parte del Constitucional y ve a CiU poco concreta respecto a los planes de futuro. Mientras, ICV-EUiA opina que se está engañando a los ciudadanos, y cree que CDC solo ha usado el 9-N como un trampolín o excusa para justificar unas elecciones plebiscitaria con candidatura unitaria para no perderlas. Y por último, la CUP levanta la bandera de la desobediencia pero sigue en las reuniones para escrutar al Govern.

La siguiente pantalla

Así pues, las elecciones plebiscitarias serán, probablemente, la siguiente pantalla. El plan de Mas es subsumir a CDC y ERC en una lista conjunta a favor del sí-sí y emprender el camino de la independencia. Una candidatura que incluya a sectores socialistas soberanistas, la ANC, Òmnium Cultural y personalidades sociales. Los republicanos, hoy, no quieren oír hablar de ello y, en todo caso, pondrían duras condiciones. Si no hay lista única, el escenario poselectoral puede ser de una gran fragmentación. Y se abrirá una nueva etapa en la que el eje izquierda-derecha volverá a tener un papel en el tablero.