Rajoy impugna el texto soberanista para frenar a Mas

El Gobierno confirmó ayer su cambio de táctica y, con los informes de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado bajo el brazo, anunció que impugnará la declaración soberanista que el Parlament aprobó el pasado 23 de enero. En aquel texto, considerado por Artur Mas como el primer paso en su senda en busca del Estado propio, se define a Catalunya como «sujeto político y jurídico soberano» y se asegura que puede decidir su futuro. Mas declaró que la decisión del Ejecutivo central está «completamente fuera de lugar» y supone romper cualquier «vía de diálogo» entre los dos gobiernos.

La impugnación ante el Tribunal Constitucional supone la suspensión automática de la declaración, pero este organismo deberá ratificar o anular esa suspensión en un plazo no superior a los cinco meses, según el artículo 161 de la Carta Magna.

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES / El Gobierno recibió el jueves el dictamen que había encargado al Consejo de Estado para saber si había argumentos jurídicos que aconsejaran recurrir contra el texto soberanista, toda vez que la Abogacía ya se había mostrado favorable a dar ese paso.

El Consejo de Estado concluyó que «existen motivos bastantes para sostener su impugnación» y señala que el contenido de la declaración no es compatible, entre otros, con los artículos 1.2 y 2 de la Constitución, porque en ellos se establece «la residencia de la soberanía nacional en el pueblo español así como el carácter unitario de tal soberanía».

DIVISIÓN EN EL CONSEJO DE ESTADO / El dictamen de este órgano consultivo fue aprobado por ocho votos a favor y dos en contra. Dos consejeros consideraron que el texto independentista no es impugnable: el exministro socialista Fernando Ledesma y el padre de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Ledesma no está de acuerdo con que el texto del Parlament tenga la «naturaleza» y el «alcance» que aprecia el dictamen mayoritario del Consejo y destaca que la declaración soberanista remite «a una fecha futura e imprecisa» para ejercer el derecho a decidir, «privando así a la resolución de efectividad inmediata». Herrero de Miñón lamenta el «carácter eminentemente político» que «subyace toda la cuestión» y asegura que la impugnación no es «la vía más adecuada para llegar a una solución constructiva».

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que comunicó tras el Consejo de Ministros que el Gobierno impugnará la declaración, intentó mitigar las consecuencias que esta decisión tiene en los planes de Mas y repitió varias veces que también las autonomías denuncian al Ejecutivo ante el Constitucional. «Cuando el Gobierno usa los instrumentos de la Constitución no significa que no se quiera dialogar», afirmó la número dos del Ejecutivo.

ANTECEDENTE DEL 'PLAN IBARRETXE' / El Gobierno de Mariano Rajoy estuvo varias semanas quitando importancia al alcance jurídico del texto del Parlament ante el temor de que el Constitucional tumbara su recurso, como ocurrió en el 2003 cuando José María Aznar impugnó los acuerdos del Parlamento vasco que inició el llamado plan Ibarretxe, un pasaje que, por cierto, recuerda Ledesma en su voto particular.

Esa inacción del Ejecutivo sentó mal en ciertos sectores del PP, que no entendían la pasividad de Rajoy, un momento en que el Gobierno decidió empezar a cargarse de argumentos jurídicos para tomar una decisión. Ahora, con la larga sombra del extesorero Luis Bárcenas sobre la actividad del Gobierno, Rajoy ha dado luz verde para arremeter contra los propósitos de Mas, con el que tiene una entrevista pendiente. La cita, que todavía no tiene fecha según Santamaría, debe servir, dijo la vicepresidenta, para «poder hablar de muchas preocupaciones que son comunes a todos». Preguntada sobre qué va a hacer el Gobierno si Mas no acata la decisión del Constitucional, la vicepresidenta dijo que prefiere no adelantar acontecimientos.

TEXTO AMBICIOSO / Mas dijo ayer, antes de conocer la decisión del Ejecutivo pero dando por hecho que anunciaría la impugnación, que la medida le parece «completamente fuera de lugar». El president aseguró que aunque el Gobierno apele al diálogo muestra que esa voluntad «no existe». El líder del PSC, Pere Navarro, advirtió de que la Generalitat tiene que estar pendiente ahora del Constitucional porque CiU decidió que la declaración no se limitaba a defender el derecho a decidir. «Lo que mal empieza, mal acaba», añadió.