La jueza del 'caso ERE' archiva la imputación de 12 empresarios por prescripción de los delitos

Quienes pensaban que el 'caso ERE' perdería fuelle empiezan a tener razón. La jueza que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta de Andalucía va a archivar las diligencias contra 12 empresarios que se beneficiaron de ayudas directas por prescripción de los delitos, ya que fueron sumados a la causa más de 10 años después de haber cobrado el dinero. La decisión de la jueza responde a una petición que ya formuló la Fiscalía Anticorrupción en marzo del 2015 y que la anterior instructora, Mercedes Alaya, dejó sin resolver.

La decisión de la jueza María Núñez Bolaños, confirmada por fuentes judiciales, se produce después de que la pasada semana la Audiencia de Sevilla resolviera un recurso de dos de esos empresarios en los que les daba la razón y levantaba la imputación sobre ellos al entender que en el caso de ayudas inferiores a 450.000 euros, los posibles delitos de prevaricación y malversación que se les atribuían habrían prescrito al haber transcurrido más de 10 años desde que cobraron el dinero.

Estos 12 empresarios fueron incorporados a la causa como investigados --la figura antes conocida como imputados-- en febrero del 2015, tras aparecer en el atestado de la Guardia Civil sobre la lluvia de millones que la Consejería de Empleo entregó a la comarca de la Sierra Norte de Sevilla. Unas ayudas que en muchas ocasiones ni siquiera contaban con "documentación justificativa de proyecto alguno para el destino de la ayuda" o incluso siquiera estaban al corriente de los pagos de sus obligaciones tributarias. Los agentes atribuyeron un papel relevante en la concesión de estas ayudas al exconsejero andaluz de Empleo José Antonio Viera, investigado por prevaricación administrativa y malversación y que está citado a declarar en una pieza separada el próximo miércoles junto a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves para aclarar cómo se aplicó un procedimiento específico y según Alaya "inadecuado" para pagar estas ayudas y los expedientes de regulación de empleo.

Fue el ministerio público quien un mes después de quedar incorporados al 'caso ERE' pidió a la jueza Alaya que archivara la imputación al haber prescrito los delitos. La jueza pidió a las partes que se pronunciaran sobre esta petición pero nunca resolvió, de ahí que esta parte de la investigación quedara en suspenso.

ADVERTENCIAS

No era la primera vez que la fiscalía o incluso la Audiencia alertaban del riesgo de prescripción ante la dilatación de la causa, que comenzó a principios de 2011 y ya suma 270 investigados. El problema era que en una causa con tantas y tan complejas líneas de investigación la juez se fue centrando en algunas y dejando otras a medio gas y sin citar siquiera a declarar a los investigados. Estas líneas son las que ahora empiezan a ser sobreseídas. No obstante, y según fuentes judiciales citadas por la agencia Efe, la jueza Núñez Bolaños deja abierta la puerta la posibilidad de que se les reclame a los empresarios la devolución de las ayudas, aunque por la vía civil.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha lamentado desde Almería que el archivo por prescripción "no es una buena noticia", y ha recordado que el ejecutivo autonómico siempre ha pedido "celeridad" en la causa. "Para que sea justa la justicia debe ser rápida siempre",  recordando que en 13 ocasiones la Junta de Andalucía ya planteó al juzgado el riesgo de que los delitos quedara impunes por el paso del tiempo.

Por su parte, el PP, a través del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sánz, ha considerado que la prescripción es atribuible a la actitud "perjudicial" de la Junta de Andalucía con la instrucción al "no haber existido desde luego la voluntad necesaria para evitar esta dirección" con el envío de la documentación.