Oriol Pujol se aparta de la primera línea tras su imputación www.

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«Existen indicios para continuar la investigación y, por tanto, tomar declaración en calidad de imputado a Oriol Pujol Ferrusola por un presunto delito de tráfico de influencias». Preciso y contundente, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decidió imputar al diputado de CiU que, hasta ayer, era presidente del grupo parlamentario de CiU y secretario general de Convergència, por el supuesto intento de amañar la concesión por parte de la Generalitat de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Pujol sigue así la estela de su compañero de filas Xavier Crespo, exalcalde de Lloret de Mar, y del diputado del PSC Daniel Fernández, imputados recientemente en sendos casos de corrupción. Nunca antes el alto tribunal de justicia catalán había acumulado tantos procesos contra dirigentes políticos.

Con la reacción preparada desde hacía semanas, Oriol Pujol anunció apenas una hora después de conocerse su imputación que daba un paso atrás. En realidad, el paso atrás mínimo que su nueva condición requería. Porque no dimitió, sino que «delegó» sus funciones en CDC y en el Parlament. Porque no renunciará al escaño, pensando en poder ser resarcido si logra demostrar su inocencia. Y porque circunscribió su cese temporal a una medida preventiva contra el «juego sucio» que aseguró que podría generarse contra el proceso soberanista.

LA 'SENYERA' / «No pretendo protegerme con la senyera», afirmó el dirigente nacionalista a los pocos minutos de haber dejado claro que su renuncia no responde a la necesidad de defender su «ética» y su «honorabilidad», sino única y exclusivamente a su voluntad de «no entorpecer» la hoja de ruta del president, Artur Mas, hacia el Estado propio.

El TSJC ha recogido las tesis del fiscal anticorrupción Fernando Maldonado y de la jueza de Barcelona Silvia López Mejías, que inició las pesquisas, y sostiene en su auto que, «gracias a su peso político» en CDC y, «sobre todo», como presidente del grupo parlamentario de CiU, Pujol quiso «conseguir la adjudicación de un lote de ITV», para lo que «llevó a cabo, presuntamente, una serie de operaciones con el objeto de obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos y colaboradores». Los jueces estiman que el político actuó «vulnerando el derecho a la libre concurrencia pública, de tal manera que, con su actuación, coordinaba, dirigía y daba el necesario apoyo desde una vertiente política al resto de implicados en el asunto».

Según el auto, Pujol actuó «mediante la intervención de terceras personas, amigos o conocidos». El plan era «lograr, de una u otra manera (pero sin seguir el procedimiento legalmente establecido al efecto) la obtención en beneficio propio (bien de manera personal, bien a través de sociedades interpuestas) la adjudicación de autorizaciones de ITV». Así, el TSJC apunta que «consiguió que el secretario general de Indústria i Ocupació [Enric Colet] nombrara a Josep Tous [que fue número dos de la Diputación de Barcelona] como mediador por cuenta de la Administración en el conflicto de las ITV», cuando este trabajaba también en el servicio y defendiendo los intereses particulares de dos empresarios implicados en la trama.

Pujol logró, asimismo, continúa la resolución, el nombramiento de Isidre Masalles como subdirector de Seguretat Industrial, que era una de las «autoridades administrativas que tenía que decidir sobre la resolución de la concesión» de estaciones de ITV. Y habría participado, además, «en la trama societaria ideada para que todos los implicados se beneficiaran, directa o indirectamente, como consecuencia del aumento del número de estaciones a adjudicar, llegándose a constituir la sociedad UPPRIME» para que «fuera favorecida en el reparto de los lotes».

«NI COLABORADOR, NI NECESARIO» / Tras repetir la manida frase entre los políticos imputados de que esta condición no supone un veredicto de culpabilidad, sino una buena posibilidad de defenderse, Pujol se limitó a reafirmar su inocencia con una aseveración que ya proclamó varios meses atrás en el Parlament: «No he sido ni colaborador ni necesario en ninguna trama de corrupción». Sin opinar acerca de las grabaciones telefónicas en las que media para modificar determinadas adjudicaciones de estaciones de ITV, apelando al secreto de sumario, tan solo subrayó que sus gestiones en este caso fueron siempre inherentes a su función como diputado y que se rigieron por el objetivo de «mejorar las cosas», pero nunca de defender intereses de empresas concesionarias.