Millet: "No soy yo, voy muy medicado"

"No soy yo, voy muy medicado". Ha sido una de las respuestas a sus abogados del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, cuya declaración en el juicio por el caso del hotel del Palau se tuvo que aplazar el pasado 25 de febrero por una caída en la que se rompió el fémur. "Mi situación mental es difícil por la medicación y no puedo declarar. Me ratifico en lo que dije en el juzgado", ha dicho al poco de llegar a la Audiencia de Barcelona, negándose a contestar a las preguntas del fiscal y de las demás partes. En respuesta a sus letrados, el expresidente del Palau ha negado haber cobrado comisiones para construir el hotel así como haber presionado a autoridades y políticos de la Generalitat y el Ayuntamiento.

Millet ha llegado en silla de ruedas al edificio judicial a las 9.05 horas y ha accedido al mismo a través de una rampa que conecta con la entrada principal. La forense que le examinó este domingo en su casa aseguró, no obstante, que sí podía declarar, por lo que se mantuvo su citación para este lunes tras el aplazamiento. Cuando se iba a iniciar el interrogatorio, Millet,  ha aducido que está bajo los efectos de los calmantes y que, por ese motivo, se siente "muy tocado".

El expresidente del Palau abandonó el jueves por la mañana el Hospital de Granollers (Vallès Oriental)GranollersVallès Orien, donde lo operaron el día 26 por la mañana, y donde estuvo ingresado algunos días más de los previstos tras romperse la pierna en su casa de L'Ametlla del Vallès (en la misma comarca).

Otros encausados

Además de Millet --que aún tiene pendiente la causa por el desfalco del Palau--, están imputados en el caso su mano derecha en el Palau, Jordi Montull --quien ha llegado a la sede judicial a las 9.15 horas y ha empezado a declarar hacia las 11.45 horas--; el exteniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona Ramon Garcia-Bragado; el exgerente de Urbanismo Ramon Massaguer y el arquitecto del proyecto, Carles Díaz.

El fiscal cree que Millet y Montull aprovecharon "de manera especial e intensa el prestigio, el reconocimiento y la estimación que tenía la Fundació Orféo-Palau de la Música Catalana", para conseguir que la Generalitat y el Ayuntamiento colaborasen con la operación urbanística firmando convenios, informes, agilizando trámites y dictando diversas resoluciones, y para hacerse con 900.000 euros con la operación.

Los dos exmandatarios se enfrentan la petición de 10 años y dos meses de cárcel por presunta apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación en el caso del hotel de lujo que proyectaron junto a la institución musical y que nunca llegó a levantarse; para el resto de acusados el fiscal pide cuatro años y medio.