El juez dicta libertad bajo fianza de 400.000 euros para Francisco Granados

El juez del 'caso Púnica', Eloy Velasco, decidió este miércoles modificar la situación de prisión incondicional para el exconsejero madrileño Francisco Granados y le impuso una fianza de 400.000 euros en metálico para poder salir de la cárcel tras más de dos años y medio entre rejas (desde el 31 de octubre del 2014). El magistrado argumenta su decisión a la vista de los últimos registros en relación con Arpegio-Prisma, que disminuyen el riesgo de destrucción y desaparición de pruebas, y teniendo en cuenta que ya se ha levantado el secreto que pesaba sobre diversas piezas separadas.

Velasco adoptó esta medida el mismo día en que se conoció su traslado a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, por lo que deberá dejar la instrucción, entre otros, de los casos 'Púnica' y 'Lezo', sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

Después de que la defensa de Granados pidiera su excarcelación en reiteradas ocasiones, Velasco ha acogido la última solicitud, del pasado 5 de mayo, al considerar que se ha rebajado el riesgo de fuga por el tiempo transcurrido en prisión.

Pese a todo ello, el juez de la Audiencia Nacional entiende que no han desaparecido por completo esos riesgos y por ello le impone el abono de 400.000 euros en metálico para poder salir de la cárcel, lo que le impide depositar bienes como pago de esa cantidad.

Una vez pagada, Granados podrá salir de la prisión de Estremera (Madrid) en la que se encuentra actualmente y después deberá comparecer en la Audiencia Nacional o el juzgado más cercano a su domicilio dos veces al mes, los días 1 y 15. A estas medidas cautelares se añade la prohibición de salir de España sin autorización judicial y la obligación de facilitar número de teléfono y correo para estar localizado de forma permanente.

SUS HIJAS LE NECESITAN

El exconsejero madrileño alegó en su última petición de libertad que sus hijas adolescentes le necesitan y que no tiene otros ingresos que no sean del trabajo de su mujer. Según aseguró, estos ingresos se han quedado reducidos a una "ridícula cantidad" al verse perjudicada por la situación procesal de su marido.

Granados insistió en que su familia vive en una "modesta casa hipotecada" en la que sus hijas comparten habitación y recalcó que no tiene más bienes que los que le han bloqueado en el marco de la instrucción.

Respecto a la posibilidad de destrucción de pruebas, su defensa esgrimió: "¿Es que casi cuatro años después de haberse iniciado las investigaciones, de haberse incautadao una ingente documentación y de haberse practicado numerosas comisiones rogatorias y tomado declaración a todas las personas que se ha tenido por oportuno, se pretende sostener que todavía existen no se sabe qué pruebas que el señor Grandados pueda destruir? La pregunta se contesta por sí sola. ¡Y vamos para tres años!", rezaba el escrito de la defensa.