El PP impugna los presupuestos de Mas y aplaza la aprobación a enero

Es harto improbable que lo pensara, pero si el president Artur Mas esperaba un cambio de actitud en el Gobierno de Mariano Rajoy tras avisar en TV-3 de que los catalanes acabarán siendo «consultados», ayer ya obtuvo la respuesta a través del PPC. «No vamos a dejar pasar ni una», advertía un dirigente de los populares catalanes. Y así ha sido. El partido de Alicia Sánchez-Camacho solicitará al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre varios puntos de la ley de presupuestos de la Generalitat y de la ley de medidas fiscales y financieras que considera «inconstitucionales o que vulneran el Estatut». Entre ellos, sobre todo, la

partida de 5,75 millones de euros destinada a la consulta de autodeterminación. Con la petición de este informe, que no es vinculante, la votación de las cuentas prevista para mañana queda aplazada a enero, cuando todo apunta a que CiU y ERC las aprobarán.

La cúpula del PPC llevaba días reprimiendo las ganas de impugnar los presupuestos. Antes incluso de que el president hiciera públicas las preguntas de la consulta, la propia Camacho ya planteó esa posibilidad a sus compañeros de partido. Aun sabedores del alud de críticas que les caerían especialmente por parte del Govern y de Esquerra, querían demostrarle a Mas (y al electorado más refractario a la consulta) que harán todo lo que esté en su mano para frenar el proceso soberanista. Faltaba solo el visto bueno del Ministerio de Hacienda, pues lo único que frenaba a los populares catalanes era que el Ejecutivo central minimizara la posibilidad de que su decisión perjudicara al cumplimiento del déficit.

RECAUDACIÓN RETRASADA / De haberse aprobado esta semana, los presupuestos habrían entrado en vigor el 1 de enero. En cambio, con la impugnación, la Generalitat empezará a recaudar fondos con las nuevas tasas e impuestos alrededor de un mes después. Pese a ello, los populares defendían ayer que esa parálisis no afectará al déficit. Por ese motivo, aseguraron, el ministro Cristóbal Montoro le comentó a Camacho que hiciera «política y marcara su posición», informa Patricia Martín. Ahora bien, Hacienda también admitió que la iniciativa del PPC tiene «poco recorrido» porque los presupuestos acabarán aprobándose en enero puesto que el Govern no tiene por qué acatar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, si es que este fuera negativo.

CRÍTICAS DE MAS-COLELL / La percepción del Ejecutivo de Artur Mas es totalmente distinta. Según fuentes de la Generalitat, ese retraso en la aplicación de los presupuestos provocará que se dejen de ingresar más de los cinco millones de euros que se han consignado para la consulta, aunque evitaron concretar la cifra exacta, informa Fidel Masreal. La decisión del PPC «no sirve a ningún fin útil», se quejó el titular del Departament d'Economia, Andreu Mas-Colell. En su opinión, la posición de los populares  es «obstruccionista» y por supuesto que «perjudica» al cumplimiento del déficit. «Si el PP cree en la democracia, últimamente lo disimula bastante», agregó el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, quien acusó a Camacho de actuar «desde el resentimiento y la venganza». Por parte de ERC, Pere Aragonès interpretó ese movimiento como un intento de «boicot» y como una «cuestión de adecuación al Estatut o la Constitución».

Pero los populares, como si oyeran llover. Además de avisar de que recurrirán a la fiscalía a la mínima que detecten que se destinan fondos a la «consulta ilegal», puesto que consideran que se produciría un delito de «malversación», anunciaron que pedirán al Consell de Garanties que se pronuncie por otros puntos. En la ley de presupuestos, cuestionan la legalidad del capítulo sobre los 2.300 millones de euros en ingresos «en los que no se justifican qué privatizaciones o ventas se harán». También han detectado supuestas vulneraciones de competencias en la ley de medidas fiscales en tasas  y apartados que afectan a las universidades, a la Agència Catalana de Consum, al canon del agua, a las concesionarias de servicios públicos y al fracking (fracturación hidráulica».