La Generalitat prohíbe a los altos cargos aceptar viajes y regalos

El Govern ha aprobado este martes un código de conducta para los altos cargos en base a la ley catalana de transparencia. El encargado de presentar esta iniciativa ha sido el titular de Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Raül Romeva, que ha afirmado que "la construcción de un Estado se ha de hacer sobre unas bases que sean ejemplares". El código, según Romeva, "asegura la transparencia de la actividad pública y como herramienta en la lucha contra la corrupción". La norma detalla más que hasta ahora el conflicto de intereses de los altos cargos. También obliga al Govern a hacer pública la relación de reuniones con los grupos de interés, que previamente se han de haber inscrito en el registro de grupos de interés que forma parte de la ley de transparencia. Un registro, por cierto ,que a penas ha logrado que unas decenas de entidades se hayan apuntado ofreciendo sus datos, como reqjuisito previo para poder tener tratos y reuniones con el Govern.

Otras medidas tienen que ver con la obligación de los altos cargos de declarar su patrimonio y actividades mercantiles y profesionales en el momento de ser nombrados y cuando cesen. Se creará un comité de ética pública con funciones preventivas y de inicio de posibles expedientes sancionadores --ya previstos en la ley de Transparencia, que pueden llegar hasta la destitución del cargo, una multa de 12.000 euros y la inhabilitación para ocupar un alto cargo por un período de uno a cinco años--, así como la creacón de un buzon virtual para posibles denuncias de irregularidades con garantía de confidencialidad para el delatador.

'EMBAJADAS' CONGELADAS

Por otra parte, Romeva ha admitido que la imposibilidad del Govern de Junts pel Sí de aprobar sus primeros presupuestos hará que el plan de despliegue de 10 nuevas 'embajadas' en un año quede ralentizado. En palabras del 'conseller', "el tempo se modifica". Romeva ha insistido en que los objetivos no se replantean y que "la estrategia sigue siendo válida". Pero tal como sucede en otros ámbitos como el plan de refuerzo a la escuela inclusiva, la falta de presupuestos trastoca los planes. En este sentido, la portavoz Neus Munté ha criticado "la demagogia de quienes reclaman mejoras en el sistema educativo y por otra parte no han permitido que estos presupuestos vieran la luz".