CAMINO DE LAS URNAS
Las entidades sociales piden a los partidos políticos un cambio para erradicar la desigualdad
El documento plantea propuestas en los ámbitos de pobreza, familias e infancia, ocupación, migraciones y política penitenciaria.
La federación de Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) ha hecho llegar este lunes a los partidos y coaliciones que se presentan a los comicios catalanes del 27-S un documento que recoge reflexiones y propuestas para "la construcción de un país diferente donde reine la igualdad y la justicia social", por encima de cualquier opción política. Consideran como el "primer e inexcusable objetivo del Govern" que salga de las urnas la construcción de una sociedad "con más bienestar para todas las personas y donde la igualdad de oportunidades sea una realidad".
ECAS ha reclamado "la soberanía de los poderes políticos frente a la economía financiera dominante" y ha reivindicado su responsabilidad de ser garantes de los derechos de las personas y la función redistribiutiva del Gobierno. Para cumplir con esta obligación, han apuntado que hace falta "un cambio en las políticas sociales" que busque "respuestas que ataquen las causas de las desigualdades" a través de políticas predistributivas y redistributivas.
Las entidades sociales han pedido "priorizar la inversión en los servicios públicos, la protección social y la promoción de la ocupación digna como principios básicos para prevenir situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión". En la misma línea, reclaman una transformación de "las estructuras y dinámicas socioeconómicas que hoy generan pobreza y desigualdad, comenzando por una educación pública y de calidad". ECAS ha señalado la importancia de garantizar ingresos mínimos para una vida digna y apuntan a la Renda Garantida de Ciutadania como la herramienta para el "cambio radical" que, para su entender, requieren las políticas sociales.
APOYO A LA FAMILIA
Las propuestas de ECAS incluyen el desarrollo y ampliación del Plan de Apoyo a la Familia, políticas de trabajo que contribuyan a "combatir la precarización" del mercado laboral, un plan que apueste por la reinserción después de un ingreso penitenciario, dotar de más recursos a las políticas migratorias para dar respuesta a la crisis de refugiados, financiar mediante conciertos las viviendas de apoyo a enfermos de VIH en riesgo de exclusión y, por último, incorporar la igualdad de género como "pilar fundamental" de las políticas públicas.
El documento recurre a la "corresposabilidad de todos los actores y de la sociedad en su conjunto", insta a los poderes públicos a "promover una ciudadanía activa que disponga de mecanismos de participación y toma de decisiones colectivas", y recuerda que "limitarse a paliar los efectos de los achaques que arrastramos, perpetúa un sistema injusto que ataca a los fundamentos de la cohesión social".
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