Las 8.000 urnas de la Generalitat

Nunca un acto administrativo en principio tan anodino como la compra de unas urnas había estado tan cargado de connotaciones políticas. La Generalitat ha anunciado la puesta en marcha del procedimiento administrativo para adquirir 8.000 urnas. Oficialmente, se trata de utilizarlas en cualquier proceso participativo, pero desde el mismo Ejecutivo se considera este trámite el primer paso firme para la convocatoria del referéndum. Dentro de la retahíla de momentos históricos y trascendentes de los que el procés está lleno, este, aunque modesto, es uno más.

Tras la crisis interna de Semana Santa, el Govern trata de dar muestras de unidad que a menudo lucen impostadas. Primero fue la firma de una proclama sin valor jurídico por parte de los consellers y otros altos cargos comprometiéndose con el referéndum que el Tribunal Constitucional ya ha advertido de que es ilegal. Ahora son las urnas.

En la espiral de réplica y contrarréplica en la que se encuentran enzarzados el Gobierno central y el de la Generalitat, la compra de las urnas está destinada a un escrutinio por parte del Estado y, probablemente, a una nueva acción legal que profundice en la vía de la judicialización del procés. Se cargan de razones así quienes sostienen que el auténtico objetivo de la mayoría de gobierno soberanista es buscar el choque con la legalidad democrática vigente en Catalunya impulsando un referéndum unilateral sin pactar con el Estado.

En nada ayudan decisiones de este tipo a superar el actual bloqueo político entre las instituciones catalanas y el resto de instituciones del Estado. La sobreactuación, la parálisis política y el juego del gato y el ratón no es lo que los ciudadanos de Catalunya necesitan en un momento político como el actual.

La respuesta legal que probablemente desencadenará la adquisición de las urnas no hará más que profundizar en la vía judicial, tan estéril como la unilateral a la hora de encontrar una salida a un problema que es, ante todo, político y que, por tanto, solo tendrá una solución política. Cabe exigir a nuestros representantes, a todos, que trabajen en la única vía posible:  la de crear espacios de auténtico diálogo y negociación, y que no sigan instalados en la hueca simbología sobreactuada y en el inmovilismo disfrazado de prudencia.