Elecciones sin marcha atrás

La convocatoria de hoy a las urnas no es una cita electoral más, porque en ella los catalanes nos jugamos nuestro bienestar y el de las generaciones futuras. Ante un proyecto independentista que aspira a cambiar el curso de la historia de Catalunya, 5,5 millones de ciudadanas y ciudadanos, piensen como piensen, están llamados a elegir con su voto entre tres alternativas: la ruptura unilateral con España, una reforma federal del Estado que reconozca la singularidad catalana y el apuntalamiento del statu quo autonómico. El mandato que emerja del 27-S condicionará durante años los lazos entre Catalunya y el resto de España; no será tarea sencilla dar marcha atrás. Ante estas circunstancias excepcionales, que deberían estimular una participación récord, ningún votante debería permanecer indiferente.

Artur Mas y quienes lo arropan en su lista, concebida entre otras cosas para investirlo 'president', han logrado --con la ayuda de sus rivales-- convertir estas autonómicas en un remedo de plebiscito, jurídicamente no vinculante pero cuyo significado político, sea cual sea el resultado, difícilmente podrá pasarse por alto. La crisis, los recortes sociales, los agravios reales a Catalunya y la demagogía empleada en magnificarlos explican el auge del movimiento independentista. Con la recluta de miles de voluntarios, la dilución de siglas y líderes en su candidatura y las llamadas a la revuelta contra un Estado al que se acusa de maltratar a los catalanes, Junts pel Sí ha intentado atraerse tanto el voto del independentismo de viejo cuño como el de los convencidos de que es precisa una amenaza creíble de separación para forzar al Estado a dispensar un trato fiscal más equitativo a los catalanes y reconocer a Catalunya como la nación que es.

Para evitar malentendidos, es bueno recordar que el 27-S no es una Diada, reivindicativa pero sin efectos jurídico, ni otra votación testimonial como la del 9-N. Por primera vez desde la restauración democrática parte como clara favorita una lista que promete llevar a cabo la secesión unilateral respecto a España en el plazo de 18 meses, si no antes. Ni el pacto fiscal, ni una reforma constitucional ni ninguna tercera vía figuran en su hoja de ruta. El mandato que reclama Junts pel Sí es exclusivamente para romper con la legalidad española, subvirtiendo las reglas de juego de la democracia. De obtenerlo en las urnas, en solitario o junto a la CUP, su margen para negociar con el Estado otra cosa que no fuera la secesión sería muy estrecho, como reconocen sus portavoces.

Si en cuanto a sus propósitos últimos no cabe reprochar al independentismo ambigüedad alguna, no cabe decir lo mismo acerca de los medios de que dispone para alcanzarlos, ni de sus inciertas consecuencias.

El Parlament y la Generalitat, ambos sujetos a la legalidad española, no disponen de capacidad jurídica ni financiera para conculcarla o 'desconectar' de la misma. Y tampoco los catalanes, pues conservar la nacionalidad española -y con ella la ciudadanía europea- conlleva someterse al ordenamiento constitucional del Estado. Como quiera que una de las listas y una entidad soberanista han apuntado a la vía de la desobediencia civil, es legítimo preguntarse, por ejemplo, cuántos catalanes estarían dispuestos a ejercer la insumisión fiscal, exponiéndose a sanciones de Hacienda. Estas son algunas de las incertidumbres, junto a los perjuicios sociales que acarrearía una declaración unilateral de independencia (DUI), que los promotores de la secesión omiten o minimizan.

Los rivales de Mas, ideológicamente muy dispares, no podían presentar al electorado una alternativa conjunta a la independencia, pero algunos sí han explicitado propuestas para mejorar el encaje de Catalunya en España. La sociedad catalana, plural y diversa, no puede amanecer el 28-S dividida en dos bloques irreconciliables. Lejos de imponer sus programas de máximos, el deber de los políticos catalanes es tejer proyectos inclusivos que eviten la traumática ruptura entre Catalunya y España, conciten amplios consensos y preserven la cohesión social y la pacífica convivencia. Y el de los partidos españoles, aparcar sus diferencias y entender que la voz de los catalanes, de todos los catalanes, merece ser escuchada.