Dos pasos judiciales más contra el 'procés'

Es cierto que la justicia tiene unos ritmos propios, distintos de los de la política, pero aun así es difícil sustraerse a la tentación de ver una relación entre las resoluciones soberanistas que ayer aprobó el Parlament de Catalunya y dos decisiones  judiciales, también ayer, contra actores destacados del 'procés'. El acuerdo del Tribunal Constitucional de remitir a la fiscalía la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente del hipotético Estado catalán y el acuerdo del Tribunal Supremo de mantener la investigación del papel de Francesc Homs en la consulta participativa del 9-N del 2014 son dos eslabones más de la cadena de reacciones de la maquinaria judicial del Estado al desafío del secesionismo.

Tan cierto es que la leyes deben ser cumplidas como que la demanda del ejercicio del derecho a decidir es en Catalunya tan amplia que la respuesta debe ser política, con su correspondiente traducción jurídica. La prosecución y culminación de las medidas de castigo que están esbozando tanto el Contitucional como el Supremo solo pueden satisfacer a quienes, en las dos orillas del conflicto, son partidarios del 'cuanto peor mejor'. El martirologio es una aspiración recurrente en un sector del independentismo, tan irreductible como la cerrazón de quienes no conciben sino una España uniforme. La justicia tiene sus ritmos, sí, pero no puede ser ariete ni excusa para agravar conflictos políticos.