Editorial

Diez años de la tragedia del metro de Valencia

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Los familiares de los 43 muertos y 47 heridos del accidente del metro de Valencia, ocurrido el 3 de julio del 2006, han tenido que esperar diez larguísimos años para que su admirable, incansable y casi siempre solitaria búsqueda de la verdad tuviera recompensa y se desmontara la trama urdida para manipular los hechos por el Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, que presidía Francisco Camps. Un amplio informe, avalado por todos los grupos parlamentarios excepto el PP, presentó el viernes nuevas revelaciones contra la gestión de la empresa pública propietaria del metro -por la falta de seguridad y de inversiones- y el maltrato posterior que sufrieron las víctimas. Algo en lo que Canal 9 fue instrumento amplificador de la versión oficial. La lista de responsables incluye a Camps y a Juan Cotino, entonces consejero de su máxima confianza.

Ya no se trata de un accidente «imprevisible» e «inevitable», y del que el maquinista fallecido era el responsable, como concluyó una primera comisión, apoyada únicamente por el PP, solo un mes después del suceso. Pero si el cambio político, con la presidencia del socialista Ximo Puig, ha servido para aliviar a las víctimas, no va el caso a igual velocidad en el terreno judicial. La magistrada Nieves Molina, la misma que ordenó el desguace del vagón siniestrado, sigue renunciando a pedir nuevas pruebas periciales o a llamar a más testigos. Para que las familias puedan cerrar tan dolorosa herida es precisa una investigación rigurosa y sin peajes.