La 'ley Sinde', sin efecto

La ley antipiratería (apodadaley Sindepor el apellido de la exministra de Cultura Ángeles González Sinde) nació en un ambiente crispado. Numerosos usuarios aseguraron entonces que la norma era un atentado contra la libertad de expresión. Los creadores (con notables excepciones, como la del cineasta Álex de la Iglesia, que dimitió como presidente de la Academia del Cine por su disconformidad con el texto) la arroparon y pidieron un voto de confianza. Nunca pensaron que sería una varita mágica contra la piratería, pero sí un primer paso. Pues bien, nueve meses después -la ley fue aprobada en el 2011, pero entró en vigor el pasado marzo- hasta los creadores se han puesto en su contra.

«Su efecto es nulo», afirman las entidades de gestión, que defienden los intereses de los autores. Y así lo argumentan: «Iniciar un procedimiento contra un contenido ilegalon linees tan lento, complicado, farragoso y limitado que la norma no está sirviendo para nada». De los 84 procedimientos que ha iniciado la Coalición de Creadores contra contenidos piratas, solo se han comenzado a tramitar el 20%.

En contra de lo que aseguraron muchos usuarios de internet, laley Sinde no permite cerrar una página web. Lo que sí permite es eliminar determinados contenidos que están protegidos por los derechos de autor (música, libros, películas, videojuegos…). Una Comisión de Propiedad Intelectual es la que se encarga, bajo tutela judicial, de determinar si esos contenidos son o no ilegales.

PROCEDIMIENTO FARRAGOSO / Las entidades de gestión explican que uno de los problemas radica en que iniciar un procedimiento ante la citada comisión es demasiado farragoso. «Todo se tiene que hacer por internet. El sistema no es especialmente operativo. No es ágil. Piden muchísimos datos y cuesta trabajo entender cómo funciona» afirman fuentes de EGEDA (la entidad de gestión de los productores audiovisuales). Además, en cada solicitud solo se pueden denunciar un máximo de cinco contenidos. «Teniendo en cuenta todo el trabajo y todo el coste que requiere preparar la solicitud, y teniendo en cuenta que las páginas web denunciadas incluyen infinidad de obras, la conclusión es que el sistema resulta totalmente ineficaz», destacan en EGEDA.

Otra de las quejas de las entidades de gestión es que denuncian páginas de enlaces «de sobra conocidas». Sin embargo, siempre según su versión, la comisión, de oficio, considera que el responsable de la piratería no es esa web sino el alojador de contenidos, que, en la mayoría de los casos, está ubicado fuera de países de la Unión Europea y es imposible su localización.

FALTA DE EFICACIA / Desde que entró en vigor la ley, EGEDA ha presentado 17 procedimientos, muchos de los cuales ni siquiera se han empezado a tramitar. De los tramitados, solo en un caso se ha dictado resolución definitiva acordando que había vulneración de derechos e instando a la web a eliminar esos contenidos. En otros dos casos, fue la propia web la que retiró las obras. «Aunque los retiren, son tres productos fuera de circulación, pero siguen estando presentes en ese mismo sitio otras miles y miles de obras. Esto dice mucho de la falta de eficacia del sistema», aseguran.

INDUSTRIA MUSICAL / Al igual que la audiovisual, la industria musical muestra su completo rechazo a la norma. Desde Promusicae, que agrupa empresas del sector, se han incoado 27 procedimientos, de los cuales 20 ni siquiera se han iniciado. Respecto al resto, en tres casos la sentencia fue favorable para la patronal. «Quitar tres enlaces en una web donde hay una inmensidad de obras no sirve para nada», denuncia el presidente de la entidad, Antonio Guisasola. «Ni hay voluntad política de combatir la piratería ni el Gobierno tiene medios para hacerlo», denuncia el responsable de la entidad. «Muchas voces nos acusan de que no hay oferta legal. Pero no es verdad. Es un mito eso de que la gente no encuentra de manera legal la cultura en la red. En iTunes un disco cuesta 9,15 euros. Y en Spotify por 9,19 puedes escuchar toda la música que quieras durante un mes. Y en la FNAC el disco de Pablo Alborán cuesta 11 euros. ¿De verdad la música es cara?», concluye.

«LAS MENTIRAS» / En opinión de Antonio Guisasola, otro de los problemas radica en «las mentiras» que lanza constantemente el llamado colectivo internauta, «que siempre está hablando de libertad de expresión y de lo bueno que es compartir». «Ese no es el debate. No tiene nada que ver la libertad de expresión con el hecho de que la cultura, como todo, también se tiene que pagar», subraya el presidente de Promusicae.