La fiscalía acusa a Roures y Benet de hinchar la taquilla de dos películas

La fiscalía de Barcelona ha presentado una querella criminal contra los responsables del grupo Mediapro, Jaume Roures y Tatxo Benet como presuntos responsables de un fraude contra Hacienda a través del método de hinchar de forma ficticia el taquillaje de varias películas para poder acceder así a subvenciones públicas condicionadas a las entradas vendidas, una práctica de la que ya acusó al productor Enrique González Macho y por el que están investigados varios productoers españoles.

Según informa el diario 'El País', la productora Ovideo también habría cometido "un presunto delito contra la Hacienda pública en su modalidad de fraude de subvenciones, así como de un delito continuado de falsedad documental” en el caso de dos películas, 'Flores negras' (2009) y 'La vida empieza hoy' (2010). Los dos filmes, con costes de producción de 2,2 millones de euros, recibieron respectivamente en concepcto de subvenciones 633.087 euros y 652.697 euros cuando, según la fiscalía, el taquillaje real solo les hubiese permitido ingresar 16.000 y 45.000 euros. En la querella se señala que es "atípico e insual" que la mayor parte de la supuesta recaudación de ambas peliculas se produjese en sesiones de mediodía o madrugada, en solo una docena de los 137 cines en los que fueron estrenadas y pasadas ya varias semanas de su estreno.

La investigación se desarrolla en Madrid, con diversos procedimientos abiertos en varios juzgados a medida que la Intervención General de la Administración del Estado ha facilitado los resultados de sus pesquisas a la fiscalía. Mientras que hasta ahora todos los procedimientos se habían iniciado en juzgados de Madrid, en este caso la querella se ha presentado en Barcelona, sede social de Ovideo. La denuncia ha sido aceptada ya a trámite por el juzgado de instrucción número 15. 

En declaraciones a EL PERIÓDICO, una portavoz de Mediapro ha apuntado que en las fechas en que se produjeron los hechos la gestión de Ovideo no estaba en manos de los responsables de Mediapro, grupo que adquirió una participación mayoritaria en el año 2007 pero que no controló su gestión hasta que, en el año 2013, retiró de ella a los anteriores propietarios, Quique y Toni Camín.

Esas mismas fuentes apuntan que, una vez descubiertas las irregularidades, en forma de compra de entradas por la misma productora, se devolvieron al Gobierno las subvenciones recibidas. Teniendo en cuenta que los expedientes de las subvenciones consideradas irregulares por la fiscalía fueron firmadas por Toni Camín, Mediapro está preparando una querella contra el aún miembro del consejo de administración de Ovideo por "administración desleal".