Otra batalla para Obama

Para cerca de 300.000 inmigrantes sin papeles llegados a Estados Unidos cuando eran unos niños, este miércoles iba a ser un día importante. Se abría el plazo para presentar las solicitudes que les hubieran permitido respirar tranquilos durante los próximos años, sabiendo que no serían deportados y que incluso podrían acceder a un permiso de trabajo. Pero en plena ola de frío y nieve en buena parte del país, un juez federal en Tejas ha congelado sus sueños. El magistrado ha suspendido temporalmente la aplicación de las medidas adoptadas por la Casa Blanca para proteger de la deportación a cerca de cinco millones de inmigrantes.

Se abre, por tanto, otra batalla legal para el presidente Barack Obama, cuyas políticas han sido continuamente cuestionadas por los republicanos en los tribunales. El pasado diciembre, 26 estados gobernados por los conservadores presentaron una demanda para tratar de invalidar la decisión del Ejecutivo de prevenir la expulsión de millones de indocumentados, una medida que Obama impulsó por decreto después de que los republicanos bloquearan todos sus intentos de aprobar una reforma inmigratoria integral. Sostenían que el presidente se saltó la ley, al usurpar al Congreso sus prerrogativas para legislar.

ADMITIDA A TRÁMITE

Ahora el juez Andrew Hanen ha admitido a trámite la demanda y, mientras examina el caso, ha suspendido la aplicación de las nuevas normas de la Administración. En su dictamen, lo ha justificado afirmando que la reforma de Obama comporta «cambios masivos en las prácticas inmigratorias», que afectarán «tanto a la política nacional inmigratoria como a los estados, sobre los que recaerá el grueso de sus consecuencias».

Hanen se convirtió en juez federal por nombramiento del presidente Bush hijo en el 2002 y, a lo largo de los años, se ha mostrado inflexible con la inmigración ilegal. Desde su distrito en Brownsville, un pueblo de Tejas pegado a la frontera mexicana, criticó duramente a las autoridades federales en el 2013 por facilitar la reunificación familiar de los niños centroamericanos que llegaban al país sin papeles y en oleadas, acusándoles de «premiar la conducta criminal».

HISTORIAL DELICTIVO

Pero la Casa Blanca no ha cambiado la ley. O eso es lo que argumenta. Lo que ha hecho Obama es ordenar a las agencias al frente de la política inmigratoria que prioricen la deportación de los inmigrantes con un historial delictivo y de los recién llegados. También sostiene que otros presidentes, como Reagan y Bush padre, ambos republicanos, hicieron en su día algo parecido. «El tribunal de distrito se equivoca al prevenir que entren en vigor estas políticas legales y de sentido común», respondió ayer la Casa Blanca.

De todas formas, la Administración se dispone a recurrir el dictamen en un tribunal de apelaciones y, según los medios estadounidenses, tiene todas las de ganar. Y es que la política inmigratoria es una prerrogativa del Gobierno federal y no de los estados. En cualquier caso, no es el único obstáculo al que se enfrenta la reforma. Los republicanos al frente del Congreso están dispuestos a dejar sin fondos al departamento de Seguridad Interior, encargado de implementarla, si Obama no la suspende.