El fiscal asegura que Kirchner negoció la impunidad de Ios iranís involucrados en un atentado

En medio de la conmoción mundial por los atentados terroristas en Francia, un fiscal argentino acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su canciller Héctor Timerman de “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes” involucrados en la laberíntica causa en la que se investiga el bombazo que destruyó la mutual de la colectividad judía de Buenos Aires (AMIA) el 18 de julio de 1994. Según el fiscal Alberto Nisman la presidenta obró de esa manera para “liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán”. Hubo, en los hechos, "Hubo una alianza del Poder Ejecutivo con el terrorismo", consideró Nisman en su escrito, además de pedir un embargo de los bienes de CFK por unos 14 millones de euros. La acusación, sin precedentes, se conoce en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno y un sector del Poder Judicial, y fue rechazada tajantemente por el Gobierno. El secretario general de la Presidencia, Anibal Fernández, calificó la presentación de “ridícula”. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, de “inconcebible”. La oposición pidió que no se entorpezca la labor judicial.

La causa AMIA ha dado más vueltas que un trompo. Hubo, desde 1994, pistas falsas, encubrimientos, condenas anuladas y un juez, Juan José Galeano, que terminó preso después de siete años de investigaciones que nunca condujeron a ningún lado. A pesar de que sectores periodísticos llamaron a no desechar la “pista siria”, la sospecha principal siempre recayó sobre el régimen iraní. Nisman investiga desde 2004 el atentado perpetrado con un coche bomba en pleno corazón capitalino que mató a 85 personas. Dos años más tarde, la justicia argentina pidió, sin resultados, la captura del exministro iraní de Defensa Ahmad Vahidi; el exministro iraní de Información Alí Fallahijan; el exasesor gubernamental Mohsen Rezai; el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani; el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Ashgari, y el libanés Imad Fayez. En 2014 se cumplieron dos décadas de ese episodio atroz y todavía impune.

En ese contexto es el que el Gobierno argentino firmó un acuerdo con Teherán con el fin de crear una “Comisión de la Verdad” integrada por juristas internacionales para aclarar la responsabilidad del atentado. El acuerdo fue aprobado por el Congreso argentino, aunque impugnado por un tribunal local. El parlamento de Irán nunca lo avaló, lo que fue interpretado como un fracaso de la iniciativa.

Para Nisman, con ese acuerdo, que está en el limbo, solo se buscó “acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de Estado a Estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de petróleo por granos”.

DIPLOMACIA PARALELA

De acuerdo con el fiscal, "el Gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e instrumentar las ordenes emitidas por la Presidenta y, de ese modo, alcanzar los objetivos ilícitos. Este canal clandestino, que operó como una diplomacia paralela, estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos, que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más trascendentales de la política argentina". El fiscal lanzó su acusación contra el diputado Andrés Larroque, y un dirigente kirchnerista de inocultable simpatía por el régimen iraní Luis D’Elía, entre otros.

La presentación judicial de Nisman, un fiscal de fluidos lazos con los servicios de inteligencia de EE.UU e Israel, provocó tanta perplejidad como interrogantes. Durante su presidencia, Néstor Kirchner levó las acusaciones y los reclamos contra Irán ante las Naciones Unidas con la colaboración del fiscal. Nisman vio siempre con muy malos ojos el fallido memorándum firmado con Irán para fijar un mecanismo de indagatorias en Teherán a los presuntos resposables iraníes del atentado contra la mutual judía. “La jugada de denunciar a la Presidenta, al canciller y a una serie de funcionarios sorprendió sobremanera. Por ser verano, tiempo de feria judicial, pero sobre todo por el impacto internacional, después de la masacre en el semanario satírico Charlie Hebdo y el supermercado kosher de París”, señaló el diario Clarín en su portal.

Familiares de la víctimas del atentado a la AMIA desestimaron la denuncia de Nisman. Diana Malamud, de Memoria Activa, dijo que el fiscal ha realizado tareas de "espionaje interno" que no han arrojado luz sobre los autores del atentado. "Nosotros lo venimos denunciando sistemáticamente. Hemos pedido que lo remuevan de su puesto, él no representa a las víctimas, ni familiares y ha hecho su propia carrera; de esclarecimiento nada, estamos como el día uno", dijo Malamud.