El TSJC avala dejar en el aire la adjudicación de ATLL a Acciona

La mayor privatización pública de Catalunya, la de Aigües del Ter-Llobregat (ATLL), está inmersa en un embrollo jurídico de futuro incierto. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón a Aigües de Barcelona (Agbar) y ha confirmado la obligación de ejecutar, hasta que se resuelva el litigio de fondo, la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), que invalidó la adjudicación de Aigües-Ter Llobregat (ATLL) a Acciona.

En tres autos, el TSJC deniega la petición de la Generalitat y de Acciona de suspender de forma cautelar la efectividad de la resolución del OARCC. El auto considera que la normativa europea establece «la paralización inicial de los acuerdos de adjudicación de los contratos públicos a fin de que un órgano independiente del poder adjudicador pueda resolver el recurso antes de que aquellos desplieguen sus efectos».

El TSJC considera que la alegación de la Generalitat resulta «perfectamente defendible en el proceso principal», que es el que dirimirá si el concurso se ajusta a la legalidad, «pero no evidencia un error manifiesto y palmario por parte del OARCC», que pueda lugar a que se suspenda su resolución.

El TSJC considera que no existen daños y perjuicios que hagan que no se ejecute la resolución de la OARCC, ya que el suministro de agua se puede garantizar «mediante la continuidad de la gestión del adjudicatario durante un periodo transitorio». Así, el TSJC deja abierta la puerta a que Acciona siga gestionando la ATLL hasta que haya una sentencia en firme del tribunal sobre la legalidad del concurso.

Sin embargo, la resolución sitúa en una considerable inseguridad jurídica a Acciona. El grupo presidido por José Manuel Entrecanales ha argumentado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que entiende que la resolución del OARCC no es ejecutiva, y que recurrirá al Tribunal Supremo. Añade que la decisión del TSJC de denegar la paralización cautelar de la resolución del OARCC --solicitada por la Generalitat y las empresas ganadoras del concurso junto a Acciona- «no prejuzga el fondo del asunto».

El conseller de Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, explicó el miércoles que el Govern estudiará las interlocutorias del TSJC y priorizará el mantenimiento y la calidad del servicio a la hora de decidir si las recurre o no. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, concretó que el Govern tiene 10 días para interponer un recurso de reposición y lo están valorando.

Al ser preguntado por las posibles consecuencias sobre el déficit de la Generalitat, Mas-Colell consideró que este aspecto «no será una consideración a la hora de tomar una decisión», y recordó que la externacionalización se mantendrá. «Las dos trayectorias pasan por la contratación a una compañía. Al final de este proceso será una o será la otra», dijo Mas-Colell, que aseguró que «las dos implican los ingresos programados». La externalización de la gestión de ATLL supuso un ingreso de 300 millones de euros a las arcas de la Generalitat y la consolidación de los 1.000 millones que establece el contrato de adjudicación, lo que representó una reducción del déficit de medio punto porcentual, dejándolo a 1,96% a cierre del 2012.