Impulso legal al 'plan Draghi'

En medio del intenso debate sobre la idoneidad de que el Banco Central Europeo (BCE) compre deuda de los Estados para relanzar una economía en riesgo de deflación, la justicia europea ha dado un espaldarazo a una medida de la que Alemania no quiere ni oir hablar.

El aval judicial a la compra de deuda pública por parte del BCE se produce en un momento determinante. Hoy por hoy, se da prácticamente por hecho, salvo que se produzca un giro de última hora, que el presidente del BCE, Mario Draghi, anunciará en su próxima comparecencia de la semana que viene la compra de deuda pública con el objetivo de activar una recuperación económica que, de tan débil, amenaza con truncarse. Una controvertida medida que ha dividido a los integrantes del BCE, con la todopoderosa Alemania encabezando a los detractores, pese a que EEUU y Japón llevan años aplicándola.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pedro Cruz Villalón, dictaminó ayer que el anuncio de un programa de adquisición de deuda pública realizado por el BCE en el 2012 -en medio de las subidas imparables de las primas de riesgo- es compatible con el derecho comunitario siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones.

Vaya por delante que aquel programa de compra de deuda pública nunca llegó a aplicarse pero la posibilidad de que así fuera --«el BCE está dispuesto a hacer lo necesario para preservar el euro», fueron las palabras mágicas de su presidente Mario Draghi-- calmó sobremanera a los mercados, permitiendo que países como España e Italia respiraran un poco más tranquilos. Aunque la resolución judicial hecha pública ayer es el pronunciamiento del Abogado General, los jueces, cuya sentencia se espera para los próximos meses, suelen ajustarse a su postura en la mayoría de los casos.

ZONA EURO EN COMA

Si el anuncio de compra de deuda pública en el 2012 se realizó en medio de una profundísima crisis financiera, el previsible anuncio de la semana que viene se llevará a cabo en una situación menos dramática, pero nada halagüeña para una economía de la zona euro en coma. De llevarse a cabo, la compra de deuda se determinará en función del peso de cada país.

Son muchas las amenazas. La eurozona crece, pero muy lentamente (la locomotora alemana está estancada), el paro sigue siendo muy alto, la inflación muy baja (de prolongarse con el riesgo de caer en la temida deflación). A las puertas, unas elecciones griegas con Alexis Tsipras, líder de la izquierdista Syriza, encabezando las encuestas con el mensaje de renegociar la inasumible deuda del Estado griego a riesgo de abandonar la moneda única.

En este preocupante contexto, el anuncio de compra de deuda pública por parte del BCE es esperado como agua de mayo para apuntalar el relanzamiento económico europeo. Bruselas, consciente del estado comatoso de su economía, está también arrimando el hombro en idéntica dirección. Muestra de ello es que, pese a hacer hincapié en que se mantiene intacto el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se están acordando concesiones que se traducen en una flexibilización de las rígidas exigencias de cumplimiento de déficit. De entrada, Francia contará con tres años más para alcanzar la meta del 3% de déficit siempre y cuando ponga en marcha reformas antes de marzo.

Además, si los Estados hacen aportaciones al plan de inversiones impulsado por el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, las mismas no serán tenidas en cuenta a la hora de abrir expedientes por déficit excesivo.

Cuando en septiembre del 2012 el BCE hizo pública su intención de adquirir títulos de deuda pública emitidos por los Estados de la eurozona en los mercados secundarios (OMT, en su siglas en inglés), varios políticos, profesores, un periodista y una oenegé alemanes llevaron a su propio Gobierno al Ttibunal Constitucional por no oponerse a la medida planteada por Draghi. El Tribunal Constitucional alemán, por primera vez en su historia, se dirigió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Abogado General del TJUE es el que, tras avalar la medida, puntualiza que el BCE debe detallar el por qué y aplicarla de forma proporcional.