Iberpotash llega a Bruselas

«Ya basta». Con esta expresión tan contundente, Sebastià Estradé, vecino de Sallent (Bages), presentó ayer una denuncia que ha planteado ante la Comisión Europea contra el Reino de España por los incumplimientos en materia ambiental en los que ha incurrido la minera Iberpotash en el Bages.

Vehemente, a sus 90 años, este doctor en Derecho protesta por«la inactividad»que a su entender ha guiado la actuación de la Gene-

ralitat ante los hechos que denuncia. Una buena parte de los mismos se basan en el trabajo del Estudi Ramon Folch en el que se revelaba que la Administración catalana ha destinado un mínimo de 200 millones de euros en las últimas tres décadas para paliar la salinidad del Llobregat por la actividad minera. Este río abastece al área metropolitana y otras comarcas colindantes.

Estradé, que mantiene su lucha contra la empresa y la Administración desde hace más de una década, ya logró que el Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) considerara insuficiente la fianza de 585.153 euros que tenía depositada la firma minera para restaurar la montaña de sal de El Cogulló, en Sallent. La sal es el residuo de la extracción de la potasa. Tras el fallo, el Govern propuso un depósito de 6,9 millones que, en su opinión, es aún«pírrico».

En el acto de ayer estaba presente el doctor en Biología Ramon Folch, presidente del estudio medioambiental en el que se sustentan parte de las denuncias de Estradé. Le acompañó el socio del bufete Frederic Ximeno, quien explicó que la fianza debería ser de 120 millones hasta el 2035. Iberpotash, filial de la israelí ICL, dejará de producir en Sallent el año que viene y concentrará toda la actividad en la vecina Súria. Allí desarrolla el proyecto Phoenix, que prevé duplicar la explotación de potasa y construir una planta de sal.

El proyecto ha estado envuelto de polémica por las obras de una rampa que baja casi un kilómetro de profundidad y que tuvieron que paralizarse por falta de permisos. El caso salpicó al equipo de gobierno de Súria, investigado por presunta prevaricación.

Estradé considera que la Administración catalana ha actuado todos estos años«con cobardía». A su vez entiende que ha existido«presunta connivencia o tolerancia»de la Generalitat con Iberpotash y que se ha incumplido el principio legal de«quien contamina paga».

Folch, por su parte, dijo que suponía una«incoherencia importante»que la empresa tuviera unas cuentas saneadas y que incumpliera la legalidad ambiental. ICL obtuvo en el último ejercicio unos beneficios de unos 1.000 millones de euros y la filial española, Iberpotash, de unos 75 millones.