La fiscalía pretende que Núñez y su hijo ingresen en la cárcel

La fiscalía pretende que el constructor y expresidente del FC Barcelona Josep Lluis Núñez Clemente y su hijo, José Luis Núñez Navarro, ingresen en prisión para cumplir la condena de dos años y dos meses de prisión impuesta por su implicación en una de las mayores tramas de sobornos  y corrupción descubiertas en Catalunya, en la que participaron inspectores de Hacienda, abogados y empresarios. El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha presentado un escrito en la Sección Novena de la  Audiencia de Barcelona, en la que celebró el juicio contra los Núñez, en el que se opone a que se suspenda la ejecución de la sentencia hasta que se tramite el indulto, tal y como han solicitado la defensa de los dos condenados.

El pasado mes de enero, el Tribunal Supremo rebajó a Josep Lluis Núñez y a su hijo la condena de seis años de prisión impuesta en julio del 2011 por la Audiencia de Barcelona, quedando en los dos años y dos meses de prisión, más el pago de una multa de 1,5 millones. Esta disminución de la pena no era suficiente para librarles de entrar en la cárcel.

Por ello, tras la sentencia del Supremo, la defensa de los Núñez presentó ante este mismo órgano judicial un incidente de nulidad de esta resolución y, de forma paralela, una petición de indulto al Ministerio de Justicia. El Supremo rechazó el incidente y el último intento del expresidente del Barça y su hijo para evitar la cárcel pasa en estos momentos por la Audiencia de Barcelona, que debe decidir si obliga a los constructores a entrar en la cárcel o suspende esta medida hasta que el Gobierno resuelva la medida de gracia.

El que sí ingresó voluntariamente en prisión el pasado mes de marzo para cumplir la pena impuesta (seis años y 10 meses de cárcel) fue el exinspector jefe de Hacienda en Catalunya, Josep Maria Huguet. Por el caso también fueron condenados otros cuatro funcionarios de la Agencia Tributaria a penas de entre seis años y seis meses de cárcel.

PACTO DE SILENCIO / De las sentencias de la Audiencia de Barcelona y del Supremo se desprende que los inspectores de Hacienda tejieron una red de intereses para favorecer el ahorro fiscal de los empresarios, que contribuyeron con generosas sobornos a la trama formada por los actuarios bajo un «estrecho pacto de silencio», según la resolución dictada  por la Audiencia de Barcelona.

Los hechos ocurrieron hace 21 años y desde que empezó la investigación hasta que se dictó la primera sentencia pasaron 12 años y medio. Este proceso judicial acabó con las aspiraciones del socialista Josep Borrell de ser candidato a la Presidencia del Gobierno. El político tuvo que dimitir al salir a la luz la implicación en el caso de dos directos colaboradores suyos.