La UE resta competencias a Guindos a cambio del rescate bancario

España tendrá que cumplir 32 condiciones a cambio de la ayuda europea de hasta 100.000 millones de euros que recibirá para recapitalizar su sector bancario, según el Memorando de Entendimiento.

El Gobierno de Mariano Rajoy, entre otras cosas, estará obligado a llevar a cabo una profunda revisión del sector bancario que incluirá planes de reestructuración de entidades, reforzar el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del fondo de garantía de depósitos y transferir competencias al Banco de España desde el Ministerio de Economía.

El resultado de ese memorando es que impone duras condiciones a los bancos que soliciten ayudas, pero también al conjunto del sector, incluido el Banco de España, que pasa a estar bajo un control más profundo del Banco Central Europeo (BCE). El memorando también exige a España un precio a cambio del rescate bancario, un precio plasmado, por ejemplo, en la petición de subida del IVA a los niveles de otros países del resto de Europa, por ello el PP, siempre contrario a la medida, se ve obligado a subir los impuestos indirectos como una exigencia más de los socios europeos.

El Ministerio de Economía deberá transferir antes de final de año al Banco de España poderes sancionadores y capacidad para dar licencias bancarias, según las condiciones pactadas por el Gobierno con el Eurogrupo para recibir ayuda financiera. "Debe garantizarse un mayor refuerzo de la independencia operativa del Banco de España", asegura el Memorando de Entendimiento. Además, el acuerdo señala que las autoridades españolas ofrecerán "a la CE, el BCE, la EBA y el FMI, bajo estrictas condiciones de confidencialidad, los datos necesarios para vigilar el conjunto del sector bancario y bancos con un interés específico". Más aún, la CE -en cooperación con el BCE y la EBA- estará autorizada a llevar a cabo inspecciones in situ en cualquier institución financiera que se beneficie de las ayudas para asegurar que se cumplen las condiciones. Por ejemplo, se tendrán que dar datos semanalmente sobre depósitos bancarios y sobre la situación de liquidez de las entidades.

Calendario

Las medidas deberán irse adoptando progresivamente a partir de finales de este mes y concluir en junio del año que viene. Entre las primeras exigencias que tendrá que cumplir España este mismo mes figura la de supervisar la totalidad del sistema bancario, en especial las entidades de naturaleza sistémica, aquella consideradas inquebrables por su tamaño.

Liquidación en entidades

Entre julio y agosto, tendrá que preparar planes de reestructuración y liquidación para las entidades que han sido nacionalizadas a través del FROB (BFA/Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia). Estos planes se elaborarán sobre la base de las pruebas de resistencia efectuadas a las entidades y tendrán que ser aprobados por la Comisión Europea en noviembre.

Pruebas de resistencia

Todas las instituciones crediticias estarán asimismo sujetas a requisitos más fuertes y comunes de revelación de información en áreas clave de las carteras como créditos reestructurados y refinanciados y concentración social. Tendrán también que facilitar información para que las consultoras puedan llevar a cabo las pruebas de resistencia.

Preferentes

Antes de finales de agosto, España deberá disponer de una legislación que garantice, si fuese necesario, la asunción de pérdidas por parte de los inversores de deuda subordinada, es decir, los propietarios de acciones preferentes, así como reforzar el marco de resolución bancaria para ensalzar el papel del FROB y del fondo de garantía de depósitos.

Bancos malos

Otro de los requisitos a más corto plazo será la elaboración de un proyecto completo y un marco legislativo para establecer compañías de gestión de activos, que actuarían como "bancos malos" y permitirían segregar los activos tóxicos fruto de la burbuja inmobiliaria.