Empleo corta el grifo de la formación a la patronal y a los sindicatos

El Gobierno tiene a punto para su aprobación un real decreto-ley con el que quiere dar un vuelco al sistema de formación de parados y trabajadores en activo. Los cambios dan al Ministerio de Empleo todo el poder sobre unos fondos que este año ascienden a 2.082 millones de euros y suponen cortar drásticamente el grifo de los fondos de formación que gestionaban hasta ahora las patronales y los sindicatos. La ministra Fátima Báñez sale al paso así del reguero de fraudes que han salpicado a los agentes sociales y a las administraciones en las últimas décadas, desde el caso Pallerols hasta el de los ERE.

El texto del decreto-ley de 41 páginas al que ha tenido acceso este diario justifica la «reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral» en un diagnóstico demoledor del funcionamiento y la eficacia de los miles de euros destinados a mejorar la preparación de desempleados y a reciclar a trabajadores ocupados. Entre otras debilidades, la exposición de motivos destaca «la deficiente coordinación del conjunto del sistema, la falta de una planificación estratégica de la formación profesional para el empleo; su escasa vinculación con la realidad del tejido productivo, especialmente la formación de demanda dirigida a las pymes; la no disponibilidad de un sistema de información integrado; la falta de evaluación de su impacto; y una definición poco eficiente del papel de los agentes implicados en el sistema».

Estructuras en peligro

El nuevo sistema de formación laboral relega a los sindicatos y a la patronal a un papel secundario que pondrá en peligro las estructuras formativas de los agentes sociales, según reconocieron las centrales sindicales y las organizaciones empresariales, que han mostrado su rechazo frontal al decreto del Ejecutivo. En él se define «un nuevo papel para los distintos agentes sociales y órganos que intervienen en el sistema» mediante «modificaciones de calado».

«Los agentes sociales -subraya el documento- dejan de participar en la gestión de fondos y en la impartición de la formación como lo hacen hasta la fecha, dejando este papel a las entidades que imparten formación profesional y que desarrollarán esta tarea en un nuevo entorno más competitivo».

El Gobierno justifica la aprobación del decreto sin el apoyo de los agentes sociales por la «urgencia ampliamente reconocida» y el compromiso de tener lista la reforma en enero del 2015. Además, hace referencia a las irregularidades detectadas por los dos últimos informes del Tribunal de Cuentas como argumento para justificar la reforma. En esos informes se detectó la falta de justificación de más de 54 millones gastados en formación en el 2010 y la ausencia de control de una «excesiva y en ocasiones injustificada subcontratación» de empresas para organizar cursos por parte de la patronal y los sindicatos. En 227 de 300 convenios se superó el límite de subcontratación del 50%.

El Tribunal de Cuentas denunció que algunas empresas «se hayan convertido de facto en beneficiarias de significativas cuantías de la subvención concedida, en principio, por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a las organizaciones empresariales y sindicales». Asimismo, critica las «distorsiones» del sistema de formación continua debido a que las organizaciones empresariales y sindicales se reparten el 50% de los fondos y carga contra su intervención en todas las etapas del proceso (diseño, planificación, solicitud, concesión y ejecución de las ayudas).

Sin acuerdo

«A pesar de los esfuerzos por aunar las distintas posiciones en la Mesa de Diálogo Social, no ha sido posible alcanzar un acuerdo en esta materia», manifiesta el Ministerio de Empleo en el texto del decreto.

La antigua fundación tripartita de Gobierno, sindicatos y patronal que gestionaba los cursos de formación continua se reconvertirá en una Fundación Estatal para la Formación en el Empleo en la que el ministerio se reserva la mayoría y la presidencia para tener el control de los fondos. Las autonomías tendrán representantes.

Una de las medidas para taponar los casos de fraudes e irregularidades es la creación de una unidad especial en el seno de la Inspección de Trabajo con la función de llevar a cabo controles en las entidades que se acrediten para formar a parados y trabajadores.