disputa legal

Blablacar afronta en Madrid su primera sanción en Europa

La Comunidad ha impuesto a la firma dos sanciones de 8.000 euros cada una por falta de autorización para ofrecer un servicio de transporte público

Coche promocional de BlaBlaCar en Madrid.

Coche promocional de BlaBlaCar en Madrid. / periodico

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La compañía Comuto Iberia, nombre comercial de la plataforma de coche compartido BlaBlaCar en España, ha afrontado en la Comunidad de Madrid su primera sanción en Europa por no tener "autorización" para ofrecer "un servicio de transporte público". El director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, ha confirmado a EFE esta información.

La Comunidad ha impuesto a la compañía dos sanciones muy graves por un valor total de 8.000 euros por "facilitar en nombre propio servicios de transporte público de viajeros sin ser previamente titular de una autorización". Además, le ha multado con una sanción grave por importe de 800 euros por "ofertar servicios de transporte público de viajeros sin disponer del título habilitante". La Comunidad de Madrid interpreta con estas sanciones que la compañía ha vulnerado la ley de ordenación de los transportes terrestres. Dos conductores de la empresa también han sido sancionados por la Comunidad con 4.000 euros cada uno por no disponer "de ningún título habilitante para ejercer dicho transporte". En una nota de prensa, BlaBlaCar ha solicitado una reunión "urgente" a la Comunidad para "aclarar" las sanciones impuestas a dos conductores de la compañía, tras asegurar que "siempre" cumple "escrupulosamente" la ley "en todos los países en los que opera".

INSPECCIONES PREVIAS

Todas estas sanciones se han producido después de las inspecciones efectuadas por parte de la Comunidad de Madrid a la actividad de Comuto Iberia, que entregó este verano al Gobierno regional la documentación requerida. El director general de Transportes de la Comunidad de Madrid ha comentado que van a seguir inspeccionando a otros conductores y ha advertido a la compañía de que "tendrá que cambiar su metodología si quiere funcionar en España". "Hasta que España no cambie la ley, su manera de trabajar es ilegal", ha asegurado.

La compañía ha señalado que es conocedora de la existencia del procedimiento administrativo abierto por la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid contra dos de sus usuarios el pasado mes de agosto. Sin embargo, ha comentado que "no ha recibido ninguna notificación de la incoación de ningún expediente en su contra". Asimismo, ha explicado que los usuarios "presentaron en su día las correspondientes alegaciones, cumpliendo con los plazos establecidos, manifestando que no utilizaron la red social de coche compartido para realizar servicios de transporte público de viajeros con ánimo de lucro".

"El hecho de que particulares se unan a una red social para conocer gente con la que compartir los gastos de un viaje no es ilegal y tampoco es una actividad de transporte público de viajeros ni de intermediación a tal fin", ha sostenido.