¿Vive usted en esta casa?

La queja de Antoni Vives, tercer teniente de alcalde y responsable de Hábitat Urbano, fue amarga; seguramente menos de lo que le pedía el cuerpo. Alertó sobre lo fácil que resulta abrir un piso turístico y lo complicado que es cerrarlo cuando es ilegal. El Ayuntamiento de Barcelona, como el resto de municipios, se rige por la ley del Parlament que regula esta actividad económica. La norma, sin embargo, no tiene en cuenta la peculiaridad de la capital, una ciudad que está de moda y donde la picaresca es una constante en el sector turístico. De ahí el tono del concejal, y de ahí que solicitara que se modifique el reglamento para disuadir de hacer trampas con el alquiler por días.

Fuentes municipales tuvieron a bien ayer detallar el proceso para cerrar una de estas viviendas de uso turístico. No hace falta comentar los trámites para abrirlo porque en Barcelona ya hace medio año que se cerró el grifo de licencias, pero en resumen, basta con mandar una comunicación al consistorio.

El baile de alegaciones, recursos, juicios y más recursos puede alargar el cese varios meses aunque la infracción sea flagrante. Existen dos vías de actuación: la de oficio, la que se ha impuesto en la Barceloneta, y la regular, la que surge de una denuncia ciudadana.

La actuación de oficio implica que un inspector, acompañado de un agente de la Guardia Urbana, rastree una finca entera en busca de pisos ilegales. La idea es llamar a la puerta y preguntar. Si quien abre es una adorable anciana y de la vivienda emana un delicioso olor a estofado, lo más habitual es que la señora sea vecina de toda la vida. Aun así, el funcionario le pide algún papel que acredite su condición de residente de toda la vida.

Nadie está obligado a aportar dato alguno porque, a diferencia de las películas, aquí no hay orden de registro, sino una voluntad municipal de ir por las buenas. Si quien abre es un tipo rubio de ojos azules, vestido con camiseta de tirantes que está por unos días y que además ha pagado por ello, bingo, eso es un piso turístico. Luego no hay más que mirar la lista de licencias del distrito y comprobar si dicha vivienda está incluida.

La vía de la denuncia es más lenta, puesto que tras la demanda pasan algunos días hasta que un funcionario puede desplazarse al lugar. ¿Y si no hay nadie? Vuelta al cabo de unos días, hasta dar con algún morador. Cuando se le da caza, se está en el mismo punto que cuando el inspector y el agente llaman a la puerta de oficio. Lo que se ha hecho en la Barceloneta, pues, agiliza mucho el asunto.

A partir de ese momento, si se declara ilegal, se abre un expediente de cese de actividad, pero ojo, aunque el asunto clame al cielo, el propietario tiene 10 días para presentar alegaciones al distrito. Cuando se resuelven, si no le dan la razón, puede recurrir al ayuntamiento y de paso pedir que le permitan retomar la actividad hasta que haya una decisión final. Si el servicio jurídico municipal tampoco cede, tiene la vía del contencioso-administrativo. Todo, mientras el piso sigue rindiendo. Es ahí donde Barcelona quiere meter mano: en la posibilidad de que, para evitar más molestias, desde el primer indicio se cierre el grifo.