Coches contaminantes

Teresa Ribera dice que el diésel "tiene los días contados"

La ministra para la Transición Ecológica apuesta por incentivar el uso del transporte público y los vehículos eléctricos

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica / DAVID CASTRO

Sara Ledo

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este miércoles que "el diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida". 

Aunque no ha dado muestras del cuándo se producirá este adiós al diésel, Ribera ha respondido en estos términos a los medios de comunicación, antes de comparecer en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, en la que ha anunciado la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, cuyo texto prevé  remitir al Congreso de los Diputados antes de que termine el año. 

La nueva ministra ha explicado que el proceso de descarbonización de los vehículos se tiene que acompañar "con facilidades que permitan ir cambiando el patrón", al considerar que no se puede culpabilizar al ciudadano de la compra de un coche diesel si no que forma parte de la labor del Gobierno darle al consumidor una opción de compra "intuitiva", a través de medidas fiscales  y de mercado. 

Medidas "urgentes"

Sobre los cambios en la fiscalidad, Ribera sostuvo que esa materia corresponde al Ministerio de Hacienda, pero sí incluyó en su discurso en la Comisión de Transición Ecológica la necesidad de implantar medidas para incentivar los cambios a favor de la movilidad sostenible y mejorar la calidad del aire, así como reducir las emisiones a través de la apuesta por el transporte público y el vehículo eléctrico en detrimento de los combustibles fósiles. Una medida enclavada dentro de su visión del binomio "ciudad energía" en la que también incluyó la transformación de los edificios en "viviendas eficientes".

"Será necesario repensar el mercado, los sistemas de gestión de precios, la ordenación, la previsión del funcionamiento de los distintos actores, la entrada y salida de los viejos y los nuevos, será necesario aprovechar el potencial de los saltos tecnológicos pero mientras tanto tenemos que ir adoptando algunas de las medidas concretas de ese cambio", precisó. 

Entre ellas, la revisión de la normativa que se oponga al crecimiento de las energías limpias o a la cogeneración como herramienta clave para la competitividad de la industria española, así como la reforma de la regulación del autoconsumo.  

Reducción de emisiónes en un 30 % en 2030

Ribera anunció su intención de ratificar una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica antes de que termine la legislatura para facilitar la descarbonización de la economía antes del año 2050. "Cuando los países del mundo se fijan un compromiso lo habitual es que se doten marcos legales que lo garanticen, y España no puede ser una excepción. España no puede terminar esta legislatura sin una Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE)", sostuvo.

El esquema de la nueva norma deberá incluir, según la ministra, una reducción de emisiones en el año 2030 un 30 % respecto a 1990 y reducir la emisión de gases de efecto invernadero un 90 % en 2050. "Si no lo logramos será muy difícil lograr la descarbonización en 2050 que es lo que nos hemos comprometido al ratificar el Acuerdo de París", sostuvo Ribera.

Impulsar reforma fiscal

"Quizás la medida más relevantes es la adecuación del sistema fiscal a la realidad climática, para que España deje de estar en el furgón de cola de la fiscalidad ambiental", precisó Ribera que prevé una ley que además incluya sendas de descarbonización a largo plazo (2050) revisables cada cinco años e impulse la elaboración y publicación de informes periódicos del Banco de España sobre el estado de la economía española, sus vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático.

También quiere la ministra un reporte anual de las empresas con una evaluación sobre su exposición al carbono así como el riesgo climático, algo que según ella ministra se incluye en la Ley francesa del 2015 y le ha permitido al sector "situarse de avanzadilla".

Por su parte, también se prevé una comisión independiente con informes periódicos en materia  de clima que ayudará "a mejorar nuestro aprendizaje y coherencia en la acción colectiva" o iniciativas como trabajar en presupuestos nacionales de carbono que vean cómo ha ido el consumo cada año y la inclusión de "criterios verdes" en la contratación pública. 

Estas han sido las principales medidas citadas por Ribera para una ley que deberá ir acompañada, dijo, con un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 para sentar las bases de la transformación económica en las próximas décadas y cuyo borrador será enviado a Bruselas a finales de año.

Apagón nuclear en 2028

Ribera también ha confirmado este miércoles la voluntad del Gobierno de cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años de vida útil tecnológica, lo que supondrá que se consume el apagón nuclear en 2028, al cierre de la central de Trillo (Guadalajara).

"El PSOE y el Gobierno se atienen a lo que introdujo en su programa, que es tomar como referencia el plazo de vida útil desde el inicio de la explotación comercial de la central", precisó Ribera.

No obstante, la ministra resaltó que se deberán tener en cuenta "obligaciones" relacionadas con ese final como son los costes financieros, las necesidades técnicas y de ingeniería y la gestión de los recursos peligrosos, que podrán adelantar o postergar ese cierre. Asimismo, Ribera denunció que a su llegada al Gobierno no se encontró ningún plan nacional de gestión de residuos, lo cual está "incumpliendo una obligación" europea, sostuvo. 

Depuración del agua

La ministra lamentó la modificación "por la puerta de atrás" de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y subrayó su intención de "volver a liderar a nivel nacional e internacional las directrices que nos permitan luchar con la pérdida de la biodiversidad".

Asimismo Ribera anunció un "plan de choque" para mejorar los niveles de depuración del agua y señaló como aspecto más preocupante "el enorme desajuste entre lo precioso del recurso y los niveles de actuales de saneamiento". Recordó Ribera que España se enfrenta a una sanción de 46,5 millones de euros de la Unión Europea por incumplimiento de las normas europeas.